Pescando en río revuelto

Indudablemente el sector minero-energético es el más dinámico y es el que viene jalonando el mayor crecimiento de la economía en la última década y de allí que haya venido ganando una participación cada vez mayor en el PIB. De ello no hay duda, al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2%. Hoy día la minería sin el petróleo representa el 2.21% del PIB, 24% de las exportaciones, 30% de la inversión extranjera directa (IED) y 19% de las regalías.
Este auge de la minería atrajo el interés de los inversionistas extranjeros y nacionales, pero también de los avivatos, aventureros y delincuentes, que ven en la minería una fuente para la financiación de sus protervos fines y también para lavar activos. La proliferación de licencias, expedidas sin ton ni son, a la topa tolondra, sin más requisitos que la cédula de ciudadanía y una débil institucionalidad del sector, que andaba al garete y carcomida por la corrupción, permitió, cuando no cohonestó, la captura de buena parte de la minería por la ilegalidad.
Las consecuencias no se hicieron esperar, se adjudicaron áreas vedadas para la minería, como los páramos, los humedales y territorios ancestrales y, como en río revuelto ganancia de pescadores, la actividad minera se puso al servicio de mafias organizadas y en combustible de la guerra.
La verdad sea dicha, desde siempre en Colombia ha existido minería ilegal y han sido repetidos los intentos, frustrados todos ellos, de legalizarla. No se puede confundir con aquella al pequeño y mediano minero que sigue en la ilegalidad y más que en la ilegalidad en la informalidad, igual que existe en los otros sectores de le economía, como son la industria, el comercio, la agricultura o los servicios. Hay que separar la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización, con la asistencia y apoyo del Estado. No se debe, entonces, satanizar ni criminalizar la minería informal. A la minería criminal, en cambio, sólo cabe combatirla con toda la energía y contundencia, convertirla, como lo anunció el presidente Santos “en un objetivo de alto valor”. Que sobre ella recaiga todo el peso de la Ley.
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