La crisis del PAE
EL programa es el más antiguo del país, con 90 años de existencia, hace parte de una estrategia que está enfocada a mejorar el estado nutricional de los niños en edad escolar y de paso contribuir a su retención en los planteles educativos, evitando su deserción temprana de las aulas. En este sentido es multipropósito, procurando satisfacer y garantizar dos derechos fundamentales de los niños, el de la alimentación y el de la educación, que por tratarse de ellos son prevalentes. Ahora mismo tiene una cobertura del 49% de la población objetivo de estudiantes oficiales Simat, es decir 4´061.335 niños y niñas, sin cubrir la totalidad de los días del calendario escolar.
Por espacio de 43 años el programa de asistencia alimentaria estuvo a cargo del ICBF, desde su creación en 1968, hasta que en 2011, a través de la Ley del PND se tomó la determinación de retornarle esta responsabilidad al Ministerio MEN, dizque “con el fin de alcanzar las coberturas universales en el PAE”. Esta finalidad no sólo no se ha alcanzado, sino que el Programa viene en un franco deterioro, en medio de los escándalos por los casos de corrupción aberrantes detectados y denunciados por los organismos de control. Pero los inconvenientes que se presentan con el PAE no se reducen a las tropelías que se vienen cometiendo con los dineros del programa.
Desde el 2013 los gobernadores prendieron las alarmas al constatar que el PAE estaba desfinanciado; es así cómo, según el estudio de costos adelantado por el ICBF, su operación para el 2015 demandaba una suma de $1.5 billones y sólo se le asignaron en el PGN por parte del Ministerio de Educación $789.000 millones, a todas luces insuficiente. Ello condujo a que después de haber suscrito convenios por parte de 31 departamentos con el MEN para operar el PAE en 2013, 21 de ellos, antes de iniciar la ejecución del mismo, los dieron por terminado por mutuo acuerdo. Es por ello que actualmente en 19 de los 32 departamentos del país, el MEN opera directamente el PAE y en muchos de ellos se han presentado situaciones que han sido piedra de escándalo. De allí que el MEN no pueda eludir su responsabilidad, toda vez que, además de ejecutor del Programa es responsable también de su supervisión y control, los cuales han fallado estruendosamente.
Por ello los gobernadores, que apenas están iniciando su gestión de cuatro años se rehúsan a encartarse con la ejecución del PAE y le piden al MEN que lo retome. Y ello es viable, habida cuenta que la propia Ley 1769 prevé una válvula de escape al establecer que “de manera excepcional y de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se expida, el Ministerio de Educación Nacional podrá ejecutar directamente los recursos del PAE que le sean apropiados en su Presupuesto de inversión”. ¡Y este es el caso!