MARCO JURÍDICO

No solo con Nicaragua

DESDE   hace dos años, cuando se conoció el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el autor de esta columna ha insistido -desde esta y otras páginas- en que la única manera de blindar los intereses de Colombia en el Caribe Occidental, armonizarlos con sus obligaciones internacionales y su prestigio diplomático, y garantizar al mismo tiempo los derechos de los sanandresanos, es negociar un tratado con el país centroamericano.  Un tratado que no sólo defina, sobre la base insoslayable del fallo de La Haya, la cuestión limítrofe, sino que establezca explícitamente el régimen al que deben sujetarse ambos Estados en relación con la preservación del medio ambiente, explotación de recursos naturales, lucha contra el crimen organizado, control migratorio.

La contención de las aspiraciones de Managua pasa, en primer lugar, por sujetarla a un marco jurídico preciso y bien definido: algo que sólo un tratado ofrece la oportunidad de consagrar.  Ello, naturalmente, sin que Colombia renuncie al desarrollo y despliegue de las capacidades disuasivas y de control necesarias para la defensa material de sus derechos legítimos.

A buena hora el presidente Santos ha dado instrucciones a la Cancillería para buscar un acercamiento con Managua.  El camino lo allanó previamente la Corte Constitucional, a pesar de una absurda ponencia inicial, mediante la sentencia C-269 proferida el pasado 2 de mayo, que declaró exequible la Ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá. El esfuerzo diplomático será enorme, pues hay pendientes otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia ante la CIJ, y tanto allá como aquí se elevan voces contrarias a cualquier compromiso entre los dos países.

No obstante -o quizá, por eso mismo- valdría la pena estudiar la posibilidad de ir más allá de un tratado con Nicaragua.  ¿Por qué no pensar en un tratado multilateral, cuya negociación lidere Colombia, y que involucre la mayor parte posible de Estados del Caribe Occidental?  Y por lo que respecta a Colombia, ¿hasta qué punto no está en entredicho el Tratado Ramírez-López con Honduras?  ¿No sigue Costa Rica sin ratificar el Tratado Fernández-Faccio?  Y ¿no sería mejor también resolver, de una vez, el asunto de la plataforma continental extendida, que concierne a tantos Estados en la zona, en lugar de esperar mientras se incuban futuros conflictos?

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales