Vaso medio lleno, medio vacío

¿Sabía usted que desde que empezó a funcionar en 2003, la Corte Penal Internacional ha proferido 36 acusaciones y tan sólo dos condenas?  ¿Sabía que todos los acusados son africanos? ¿ Que varios de ellos se han entregado voluntariamente a La Haya, mientras que de otros se desconoce por completo el paradero o se presume que han muerto, y otros permanecen en custodia de algún Estado y bajo su jurisdicción nacional -con serias dudas de que gocen de las garantías del debido proceso-, y que ni son todos los que están ni, definitivamente, están todos los que son?

¿Sabía usted que el presupuesto de la CPI asciende a 152 millones de dólares?  ¿Sabía que el anterior Fiscal del tribunal, Moreno Ocampo, acusó a importantes líderes políticos de Kenia, incluyendo a los actuales presidente y vicepresidente, en desarrollo de una investigación por los graves episodios de violencia pos-electoral de 2007, y que dicho proceso acabó haciendo agua por todos lados el año pasado como consecuencia de la negligencia y la renuencia del gobierno keniata y al fragor de sonoros rumores y sospechas de corrupción de testigos y otras formas de fraude procesal?

¿Sabía usted que el Consejo de Seguridad remitió a la CPI la situación en Darfur, y que hace pocos meses la actual Fiscal, Fatou Bensouda, comunicó a dicho órgano de la ONU su decisión de suspender la investigación correspondiente, debido a la falta de colaboración por parte del propio Consejo?  ¿Conocía que contra el presidente sudanés, Omar al Bashir (recientemente reelegido por una contundente mayoría) la CPI profirió en 2008  sendas órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad y genocidio, no obstante las cuales él ha seguido viajando por el mundo, incluso visitando Estados que, como Sudáfrica, son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, estarían virtualmente obligados a hacer efectivas tales providencias?

Sin embargo, es todavía demasiado prematuro calificar de fracaso o catástrofe la labor de la CPI y desdeñar su contribución a la consolidación de un régimen penal internacional.  El sólo hecho de que el gobierno sudafricano haya justificado su negativa a ejecutar las órdenes de la CPI contra al Bashir (y su decisión de desacatar una decisión cautelar emanada del Tribunal de Pretoria en ese sentido) invocando el propio Estatuto de Roma, es evidencia de que tanto el Estatuto como la Corte tienen un peso específico, y no se puede hacer como si no existieran.  Y ese no es un mal comienzo, ni constituye, necesariamente, un mal precedente. 

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales