LA VIOLENCIA contra líderes sociales en el país no cede, como lo manifiestan las cifras que a diario recoge el Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), así como el informe que presentaron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación de lo ocurrido en el primer semestre de este año. En el caso del primero de éstos, señala que entre enero y el 9 de septiembre fueron asesinadas 117 personas.

En un informe que presentaron el lunes pasado, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, a propósito de que se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos, se indica que 87 líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de 2024, además se registraron 91 amenazas contra esta población.

Los datos muestran que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle y Arauca registran el mayor número de estos homicidios.

Así mismo, la Procuraduría dio a conocer una nueva herramienta para enfrentar el flagelo, como es el Índice de Prevención de Riesgo al Liderazgo Social (IPRA).

Sobre el particular, la procuradora Margarita Cabello detalló que “más del 40% de los líderes tienen baja percepción de seguridad para ejercer su labor en territorio; tenemos que el 60% de los líderes afirman haber recibido amenazas directas como consecuencia de labor de líderes; el 66% de los líderes que trabajaron con nosotros, alrededor de 300, afirman desconocer el plan integral de prevención, que no los tuvieron en cuenta para trabajar en esos planes integrales de prevención; y más del 40% de los líderes afirman que las acciones de prevención implementadas en sus territorios no les permiten ejercer el liderazgo social”.

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2023, indica que “recibió 233 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 105 casos, la oficina verificó que existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos, y 128 no fueron concluyentes”.

Agregó que “uno de los principales patrones identificados por el Acnudh es que las personas defensoras son asesinadas cuando alzan su voz o se convierten en un obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los procesos sociales de defensa de derechos humanos y generar temor entre las comunidades”.

El Acnudh considera crucial que se construya, con la plena participación de la sociedad civil, un nuevo modelo de protección para personas defensoras que no dependa exclusivamente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que tenga un enfoque de género, territorial, étnico, civil, integral y colectivo.

Un informe de la Defensoría del Pueblo en que hace referencia a la violencia contra los defensores de derechos humanos en 2023, indica que los sectores sociales en que se registraron más crímenes fueron el comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima, Osigd-Lgbtiq+ y activistas.

En diciembre del 2023, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la “falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.

Es débil la política de protección

Luis Sanabria Durán, director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), indicó que ha faltado una acción integral del Estado para enfrentar este problema.

El directivo, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, dijo que sobre la cifra de crímenes, “ha ido disminuyendo, no en el número que quisiéramos, pero eso demuestra a pesar de los esfuerzos de que efectivamente el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizarle la vida a los líderes y lideresas, y que los grupos armados siguen a sangre y fuego copando los territorios”.

Añadió que “estamos fallando en una acción integral del Estado, lo que implica que el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, deben coordinar con la Fuerza Pública, pero también con otros programas la acción de protección de los líderes, incluyendo planes de protección colectivos”.

En tanto que Leonardo González Perafán, director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de esta ONG, compartió a este Medio que los asesinatos de líderes sociales se producen por las múltiples conflictividades en los territorios.

Consideró que “aquí lo que hay que hacer es ampliar el tema de la paz total dados los diferentes conflictos territoriales que hay; también prestarle mayor atención, no solamente por parte de policía, sino por parte del Ministerio del Interior”.

Indicó que, igualmente es necesario “fortalecer el tema de prevención y protección, existen las políticas, pero hay que implementarlas y hay que acompañar sobre todo a las comunidades en las medidas de autoprotección que vienen implementando, no solamente las guardias indígenas y cimarronas, campesinas”, en temas como comunicaciones.

A su turno, María Palacios Sanabria, profesora titular de carrera en la Universidad del Rosario y experta en derechos humanos, dijo a este Periódico que “una de las principales preocupaciones del Estado colombiano −y eso no es una cosa reciente− es la persecución, las amenazas, y ya en último caso el asesinato de los líderes, lideresas, no solamente de derechos humanos, sino ambientalistas, sindicalistas, líderes sociales. Creo que desafortunadamente nuestro país no ha logrado romper ese esquema de persecución que hay en contra de estas personas, siempre los ven como una amenaza por lo que significan en términos de denuncia y de derechos humanos”.

La experta, explicó que “muchas veces están mezclados también los grupos alzados en armas que generan dentro de la población civil una presión muy fuerte, y siempre los principales perseguidos terminan siendo los líderes”.

Palacios Sanabria subrayó que: “Pienso que no hemos logrado avanzar frente a una política seria como Estado de protección a las personas que tienen este tipo de liderazgos”.

Añadió que “claramente necesitamos con urgencia resolver todo el tema del conflicto armado, creo que ahí está parte de ese origen” porque “un líder puede ser perseguido por diferentes facciones: por una banda criminal de un lado, por delincuencia organizada común de otra parte, de pronto todavía reductos de autodefensas o paramilitarismo, pero también de disidencias de las Farc y de grupos que no se han desmovilizado como el caso del Eln”.

Dijo también Palacios que “lo primero que necesitamos es hacer una transición hacia esos procesos de paz y de negociación, pero sobre todo también la presencia de las autoridades en los lugares en donde se encuentran esos líderes amenazados. Muchas veces hay alertas tempranas, muchas veces se sabe que las personas son perseguidas, que han recibido amenazas, y cuando las personas van a quejarse ante las autoridades, no encuentran realmente una acción inmediata frente a la protección de sus derechos”.

Colombia, el país más peligroso para líderes ambientales

Casi 200 activistas medioambientales fueron asesinados en todo el mundo en 2023 y Colombia volvió a ser el país más peligroso para los defensores de la tierra y el medioambiente, afirmó la ONG Global Witness en un informe.

Alrededor del 85% de los 196 asesinatos ocurridos en 2023 tuvieron lugar en Sudamérica, 79 de ellos en Colombia, indicó la organización.

Se trata de la cifra más elevada desde 2012, año en que Global Witness comenzó a publicar su informe anual.

Se sospecha que grupos delictivos organizados cometieron la mitad de los asesinatos de personas defensoras acaecidos en Colombia en 2023.

Un total de 31 de las personas asesinadas en Colombia en 2023 eran indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes.

Colombia acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Cali en octubre y noviembre, lo que suscita preocupación por la seguridad de los participantes.

A Colombia le sigue Brasil, con 25 asesinatos en 2023, pero esta cifra descendió en comparación con los 34 asesinatos registrados en 2022.