No debería sorprender a nadie que con ocasión del aniversario de las Fuerzas Armadas de Nicaragua el presidente Daniel Ortega se haya referido, por enésima vez, al fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia en 2012, y cuya implementación -lo que quiera que eso signifique- sigue pendiente por parte de Colombia, que desde entonces ha insistido en que éste es “inaplicable” en ausencia de un tratado entre ambos Estados que establezca el límite que, por otro lado, ya definieron los jueces de La Haya.  (O sea, un tratado que diga que el límite es el ya trazado por la Corte, porque difícilmente Nicaragua aceptará una variación de dicha delimitación -a menos que se le ofrezca una alternativa equivalentemente favorable o aún más ventajosa).  Tampoco sorprende que al fragor de la conmemoración haya anunciado que quiere una fuerza naval con “mayores y mejores medios”. ¿Qué otra cosa podría haber dicho ante un nutrido auditorio de militares? ¿Qué más podría manifestar en tanto Colombia siga reacia a reconocer la realidad jurídica creada por la sentencia? ¿Qué otra cosa podría decir el Gobierno que demandó a Colombia por tercera vez ante el tribunal de marras, alegando la violación de los derechos legítimos que la providencia de 2012 le reconoce?

Lo que sí sorprende (o quizá no) es la irresponsabilidad política y la mala fe histórica de algunos líderes colombianos, como aquel senador que a través de su cuenta de twitter preguntaba la mañana del pasado jueves: “Qué es más grave? Que Nicaragüa amenace o que el Gbno de Colombia no reafirme con contundencia que el único límite es el meridiano 82!” (sic).

Olvida el senador que en estricto sentido lo de Nicaragua no es ninguna amenaza, y que en buena medida es la respuesta apenas lógica al errático manejo dado por Colombia al fallo de La Haya.  Olvida también que desde 2007 -cuando el hoy senador era presidente- la Corte rechazó la tesis de que el límite marítimo era el meridiano 82.  Olvida además que al año siguiente, en la XX cumbre del Grupo de Río, prometió ante el pleno de América Latina que Colombia respetaría la decisión del tribunal internacional cualquiera fuera su sentido.  Olvida que pronto tendrán lugar las audiencias del proceso en que la Corte Internacional de Justicia abordará el presunto incumplimiento por parte de Colombia de su anterior providencia; y en la práctica, invita a darle a Managua toda la razón.  Y si eso es defender los intereses de Colombia ¿cómo no temerle a Nicaragua?

* Analista y profesor de Relaciones Internacionales