En el país existe un consenso ético en favor de los animales, es un hecho irrebatible, al punto que en la última década se han dado algunas transformaciones relevantes en el ordenamiento jurídico que tienen como propósito mejorar las relaciones entre animales racionales y no racionales. La más importante, tal vez, es la recategorización de los animales como seres sintientes realizada por la Ley 1774 de 2016, que los sacó de la histórica categoría de las “cosas en propiedad” a la que habían pertenecido, sin que esto haya supuesto en la práctica una auténtica revolución en el trato jurídico que hoy les damos.

Pese al cambio de paradigma jurídico, las cosas en la práctica para los animales no han variado mucho. Los silvestres siguen estando sometidos a la criminal dinámica del tráfico ilegal cuando no a la indiferencia institucional que poco hace para frenar la pérdida de hábitat por la acción antrópica; los de granja sometidos a las extremas condiciones de crianza, transporte y beneficio sin que se den avances significativos que mejoren sus condiciones de vida; los de compañía siendo víctimas de abandono, comercialización y reproducción indiscriminadas. Son algunos aspectos relevantes que dejan ver la necesidad de introducir desarrollos normativos que materialicen ese nuevo status jurídico.

El nuevo gobierno, de la mano con el Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio, tiene la responsabilidad de avanzar significativamente en la concreción de dicho estatus para los animales, teniendo algunos retos que son esenciales para cumplir el propósito, de un lado legislar sobre las garantías mínimas en su favor, que permitan determinar el nivel de protección a su vida, libertad, integridad física y mental y a la dignidad; a la fecha muy a pesar de que la misma Corte Constitucional ha reconocido la existencia de los derechos de los animales no se ha atrevido a señalarlos, ni siquiera a título enunciativo.

Otra medida, que es urgente tomar, es la de desarrollar un mecanismo procesal autónomo para defender los intereses de los animales. Hoy esa defensa se realiza a través de los mecanismos existentes tales como la acción de tutela o la de grupo, acciones que fueron creadas con otros fines y que en la inmensa mayoría de los casos, debido a las formalidades, terminan ahogando la pretensión de protección. Sólo han tenido éxito algunas donde se ha puesto en evidencia la violación de algún derecho fundamental como el del libre desarrollo de la personalidad o uno colectivo como el disfrute de un ambiente sano, sin que realmente importen los intereses de los animales.

El país animalista está revisando las propuestas de los candidatos a la presidencia con sentido de pertinencia. Todos los animales cuentan, los animales no tienen partido político, pero tengan la certeza que los de defensores, proteccionistas, rescatistas, tenedores y adeptos a la causa, a la hora de definir su apoyo, tendrán muy presentes las apuestas en favor de los animales. Los animales no pueden seguir estando ocultos en la agenda presidencial.

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