La sentencia contra Andrés Felipe Arias es una condena injusta, carente de pruebas y de carácter político. Es una clara persecución en contra del exministro de Agricultura, es una amenaza a la oposición política en Colombia por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras el Premio Nobel de la Paz pacta con las Farc un Acuerdo que exime a los líderes guerrilleros de pagar cárcel por haber cometido crímenes de lesa humanidad, los libera de la extradición y les garantiza participación política, le pide a la Justicia de Estados Unidos extraditar a Arias Leyva.
El Gobierno colombiano, a través de la Corte Suprema de Justicia y por presión de la canciller María Ángela Holguín, ha solicitado a la justicia de Estados Unidos extraditar a Arias. El problema es que la propia Corte Suprema de Justicia, a través de su antigua Sala Constitucional, declaró inexequible la Ley de Extradición en 1987. La Corte ha reiterado, a través de numerosas sentencias, que el tratado de extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1979, no se encuentra vigente.
Al respecto, el pasado 21 de noviembre, el actual Ministro de Justicia -Jorge Eduardo Londoño- afirmó que: “Efectivamente no existe tratado de extradición con Estados Unidos”, coincidiendo con lo dicho por la defensa del ex ministro uribista. No obstante, 10 días más tarde, la Cancillería insistió en la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias, mediante una comunicación en la que apelaban a dicho tratado.
Sin tratado vigente, Arias no puede ser extraditado. Ese mismo hecho ha servido para impedir que Colombia acepte las más de 70 solicitudes de extradición, de jueces federales de Estados Unidos, contra miembros de la guerrilla de las Farc. De manera inexplicable, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha dicho que el tratado de extradición está vigente para Estados Unidos pero no para Colombia. En virtud de lo cual procede la extradición de Arias de allá para acá, pero no procede la extradición de miembros de las Farc de acá para allá.
A diferencia de Colombia, que utiliza la figura de la extradición, sin necesidad de tratado, por motivos de seguridad nacional y por conveniencia política, ante el fenómeno del narcotráfico y el terrorismo, la justicia de Estados Unidos exige que exista un tratado vigente para poder aplicar la extradición.
Pero más allá de eso, el caso de Andrés Felipe Arias debería generar una reflexión acerca de la necesidad de garantizar una doble instancia, como derecho fundamental, para los aforados en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Arias, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a que las irregularidades y anomalías en su sentencia sean revisadas por otro tribunal que le ofrezca garantías.
El país no puede entender cómo mientras los miembros de las Farc no pagarán ni un solo día de cárcel por haber violado de manera sistemática los derechos humanos, un exministro de Estado ha sido condenado a 17 años de cárcel sin existir pruebas en su contra.
@SHOYOS