Pocas veces como en estos tiempos de zozobra y constantes asaltos desde las altas esferas del gobierno, la democracia colombiana ha sufrido tan duras pruebas. Uno de los pilares del sistema democrático lo constituyen las fuerzas armadas, cuya misión es garantizar el orden, el imperio de la ley y la defensa de la soberanía nacional. El estamento militar en esos momentos pasa por una de las peores pruebas de su historia, al ser descabezada la cúpula de mando y más de ciento y tantos oficiales, los cuales habían sido preparados para ocupar cada cargo en respectivo concurso de méritos. Las bajas se han seguido produciendo paulatinamente, sacando en la mayoría de los casos a los mejores.

Fuera de eso, por cuenta de la supuesta negociación para alcanzar la paz total con la subversión y las bandas criminales, se han inmovilizado importantes contingentes militares, lo mismo que otros han sufrido ataques a mansalva desde las zonas que están bajo dominio de los enemigos de la democracia, lo que provoca que se insulte y amenace a los soldados, bajo el amparo de estar en una zona protegida por dizque tales diálogos.

Las fuerzas armadas no pueden ser indiferentes frente al asalto continuo de la soberanía nacional en un territorio que ocupa una extensión casi del 70% de nuestro ensangrentado suelo. La crisis en los servicios de inteligencia militar, la falta de repuestos para los aviones y helicópteros, la carencia en algunos casos hasta de gasolina, así como de respaldo gubernamental, mantienen a nuestros valientes soldados en continua zozobra y sus vidas en peligro. En especial por cuanto en no pocos casos las armas de los delincuentes son más poderosas que las que portan nuestros uniformados. Situación que se hace patente por cuenta de los drones y misiles que ya aparecen entre los pertrechos de los grupos armados que infestan la periferia del país y las zonas negras de algunas ciudades, en donde esos grupos tienen células terroristas. Cada vez son más frecuentes los casos de ataques a mansalva contra nuestros uniformados, lo que produce muertos y heridos, más viudas, huérfanos y dolor en sus familias.

Lo peor es que no se hace en el Congreso un debate de altura sobre los alcances del ataque contra la democracia y las fuerzas armadas, lo que podrá pasar con las nuevas modalidades de la guerra terrorista, ni sobre el tema de la orden del alto gobierno de atender en el Hospital Militar de Bogotá a los subversivos heridos, que es así como un premio que les da a quienes atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados.

Algunos funcionarios consideran que llegaron al poder para tomarse un botín, despilfarrar o feriar sus recursos. So pretexto de comprar a las directivas del Congreso, se reparten millonarias sumas, con lo que consiguen que se aprueben sin chistar determinados proyectos o se paralicen gravísimas investigaciones en la Comisión de Acusaciones. Todo lo cual lo denuncian con riesgo de sus vidas funcionarios del ejecutivo que participaron en los negocios sucios.

Lo último y más grotesco de esos escándalos del Congreso es lo que acaba de ocurrir en la Cámara, con la aplanadora que se aplicó, so pretexto se aplaudir sin chistar lo que se había probado en el Senado. Por supuesto, esto es ilegal ya que es función de los representantes debatir, analizar y votar a favor o en contra de los proyectos que les lleguen de la Cámara Alta. La salida del recinto de un grupo numeroso de representantes para bajar el quórum, muestra la desfachatez de su proceder. Todo lo cual indica que se omitieron los debates y discusiones a los que están obligados los representantes de pueblo en una democracia, por grave que sea la crisis que la afecta. Por lo mismo, por transgresión de principios básicos del funcionamiento parlamentario, está ley aprobada por directivos severamente acusados de recibir coimas -así el asunto esté en etapa de investigación- no pasará por el debido control constitucional de la Corte.