EL CONTRALOR Carlos Hernán Rodríguez Becerra emitió recientemente una advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, por los riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de carácter público que se están presentando actualmente en este sector y que, de acuerdo con un estudio sobre Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia que elaboró el organismo de control, dan lugar a prever un inminente desabastecimiento energético.

Estos riesgos, según la Contraloría Delegada, corresponden a una baja significativa en los ingresos de la nación, principalmente en las Regalías; tener que destinar recursos públicos para atender subsidios en lo que corresponde a servicios públicos; se disminuya la inversión extranjera directa en el país; y a que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles.

A partir de este panorama, EL NUEVO SIGLO habló con los presidentes de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) sobre su opinión frente a estas declaraciones.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, afirmó que la advertencia que hizo la Contraloría es un tema que desde la Asociación habían dicho con antelación.

“La subasta de cargo por confiabilidad que buscaba expandir el sistema concluyó en el mes de febrero de este año, y no logró el objetivo. El objetivo era llenar la necesidad de energía en el año 2027 - 2028 y según nuestros cálculos, desde ese momento lo hemos anunciado, el déficit de energía firme para ese año sería más o menos de entre el 6 y el 8%”, sostuvo.

En ese sentido, Castañeda explicó que esto significa que el país está ad portas de sufrir complicaciones desde el punto de vista de suministro de energía. “Esto si no somos capaces de hacer una nueva subasta y si no logramos adicionar esa nueva capacidad. Esa expansión tiene que ser con energía firme, es decir, la firmeza que dan las plantas térmicas o plantas hidráulicas”, advirtió.

Autosuficiencia energética

A su turno, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), enfatizó que la seguridad energética es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia y sus regiones.

“Desde la ACP impulsamos la importancia de que el país cuente con una política energética que garantice el suministro estable y confiable de energía para los colombianos, priorizando la autosuficiencia energética al tiempo que se propende por una transición justa, gradual y sostenible. Por ello, la industria del petróleo y gas reitera el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional, las comunidades y los diferentes actores del sector para superar las coyunturas, mantener y, en lo posible, aumentar la producción de hidrocarburos, y encontrar soluciones que garanticen el abastecimiento energético”, aseveró.

Reiteró, además, que se requieren nuevos incentivos a la exploración y producción, revertir la tendencia de declinación de reservas tanto de petróleo como de gas, avanzar en los trámites necesarios para la aprobación de licencias y permisos de proyectos en curso, y garantizar condiciones adecuadas de operación en las regiones, entre otros factores que inciden en la viabilidad de los proyectos del sector y, por tanto, en los aportes que estos representan para la dinámica social, económica y ambiental de los territorios.

Poco tiempo

Según advirtió el contralor Carlos Rodríguez, estos riesgos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no se toman medidas para modificar las tendencias observadas en el sector de hidrocarburos del país.

Los riesgos expuestos en esta advertencia cumplen con criterios de excepcionalidad como trascendencia social y alta connotación económica. En cuanto a la trascendencia social se indica que, la disminución de alternativas energéticas asequibles se traduce en presiones al alza del gasto destinado a energía y el consecuente empobrecimiento de la población que no puede dejar de usar los energéticos y se vería obligada a retornar al uso de opciones más asequibles como la leña.

Además, según reveló el contralor, en la medida en que los ingresos de la nación disminuyan, no se podrían cumplir las metas de inversión social, afectando de manera directa el costo de vida de la población colombiana, como consecuencia del desabastecimiento de combustibles, lo que implicaría aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos.