El pasado fue mejor
La frase “todo tiempo pasado fue mejor”, utilizada entre los mayores para evocar los años que ya se fueron, aplica también para el sector agropecuario colombiano. Por supuesto, la intención no es remitirnos al proteccionismo estatal de las épocas de la Cepal, sino a recordar fundamentales determinaciones que por su condición y naturaleza, además de ser compatibles también con la época moderna, se consideran indispensables como preámbulo a la competitividad que se requiere en un mundo globalizado, donde no sólo se imponen altos índices de productividad sino eficaces indicadores de gestión administrativa y comercial.
La Ley Quinta de 1973, por ejemplo, proporcionó formidables herramientas crediticias y se convirtió en un estímulo para los profesionales del campo. La Ley Agraria de 1961, además de la redistribución de la propiedad de la tierra, planteó modelos de organización comunitaria y cooperativa. Los programas de la Caja Agraria y los Comités de Cafeteros, por citar apenas dos casos, disponían de tecnólogos, prácticos, trabajadoras sociales y mejoradoras de hogar para transferir tecnología y elevar el nivel de vida de los habitantes del campo. Y para no ir muy lejos, al finalizar la década de los 90 se contó con eficaces instrumentos de política, tales como la Agricultura por Contrato o Venta Anticipada de Cosechas, mediante la cual el productor antes de sembrar ya sabía a quién, cómo, cuándo y por cuánto vender. El Incentivo al Almacenamiento Rural, como una forma de conservar los excedentes de cosecha y garantizar la seguridad alimentaria del país. El Fondo Agropecuario de Garantías para brindarle cobertura a algunos créditos. Un mercado bursátil de la mano del Gobierno como facilitador, para modernizar la comercialización y canalizar el ahorro privado hacia la producción del campo. Los Apoyos Directos e Indirectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de conformidad con el Decreto 2478 de 1999, tales como el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria, el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, las Líneas Especiales de Crédito, los Certificados de Incentivo Forestal y más recientemente el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT), entre otros.
La mayoría de los cuales ya no existen por haberse administrado mal o haber caído en manos de usuarios que hicieron uso inadecuado de los mismos; sin embargo, antes de haber desaparecido debió hacerse algo por corregirlos o innovarlos. Así las cosas, hoy día estamos frente a una realidad que necesita mucho más que la Ley de Victimas, pues por lo demás, sólo muestra cifras modestas.