Una nueva justicia
El país espera ansioso un cambio profundo en la justicia colombiana. En toda conversación, tertulia o conferencia, surge el tema de la degradación de la justicia. Se ha llegado a un desprestigio de tal magnitud, que los registros de opinión no son más que llantos y lamentos. Cada día se conocen actitudes y providencias insólitas que acrecen la reprobación de los colombianos a los órganos judiciales y a sus miembros. Hasta ilustres y probos magistrados, (los hay y muchos), han expresado adversa opinión sobre colegas y actuaciones. El clamor por el cambio es tan intenso que ha dado lugar a editoriales de la prensa escrita y hablada. Columnistas y abogados se han atrevido a proponer “borrón y cuenta nueva”, así haya que pasar por encima de las normas vigentes.
Las críticas más duras son al Consejo Superior de la Judicatura, que formalizó el llamado “manzanillismo judicial”. Con razón, el inmolado magistrado Gaona Cruz, lo llamó “monstruo institucional”, cuando se trató de establecer en la reforma de 1979. Es preocupante, también, la decisión de la Corte Constitucional de legislar, desconociendo las funciones del Congreso de la República, y sobrepasándolas. Según el Juez Constitucional, ya no hay derechos adquiridos. Se acabó la seguridad jurídica. Antes que guardianes de la Carta, ejercen el absolutismo judicial. Es como si afirmaran: “El Estado soy yo”. Por otra parte, se les oye decir a cultores del derecho penal, que no se puede ejercer la profesión en esa rama. “Los criminales reconocidos son quienes señalan a los culpables”, según afirmación generalizada. La crítica de la prueba ha sido trocada en el imperio del testimonio protervo.
Recientemente trascendió que algunos magistrados cambian el sentido de sus propias ponencias, sin explicación defensable. Mientras, otros saltan de Corte en Corte y se aferran a su cargo como rémoras, sin interesarles la marejada de la opinión. Además, la tentación del micrófono perturba y convierte en locuaces entremetidos a quienes solo deberían opinar en providencias. Para colmo, por las huelgas de jueces y funcionarios, la justicia ha dejado de ser, en la práctica, un servicio público.
No es fácil encontrar la fórmula que cambie el rostro marchito de la justicia en Colombia. ¿Cuál debe ser el origen de un nuevo comienzo, revestido de intachable fundamento legal y legitimidad suficiente? Un artículo de Gustavo de Greiff, (El Tiempo, domingo, 11-oct/14), exfiscal general de la Nación, propone la siguiente solución:“Meditando sobre el asunto, pienso que mediante acto legislativo debería crearse una comisión compuesta por diez rectores de universidades acreditadas, con facultades de derecho o jurisprudencia, encargada de elaborar listas de dos candidatos por cargo para proveer, listas de las cuales el Senado de la República elegiría los correspondientes magistrados o consejeros, sin poderse salir de ellas. Los así designados, en caso de vacancia, elegirían al sucesor mediante cooptación”.Esta iniciativa merece ser considerada y debatida por los legisladores, la Academia y el Gobierno. Puede ser el comienzo...