César Manrique, director de la Función Pública en Colombia, fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación en un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este caso ha cobrado notoriedad en medio de la imputación de cargos contra otros altos funcionarios, como Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo, quienes también están siendo investigados por su participación en un entramado de corrupción.
La fiscalía señaló que con ayuda de Manrique gestionó una reunión entre Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Olmedo de Jesús López con el objetivo de obtener una reducción significativa de 100 mil millones de pesos en los recursos del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre y la ANT. También, se habría acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de una coima del 7 por ciento en cada uno de los contratos.
Asimismo, Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.
La Fiscalía también señaló que Manrique "coordinó con Olmedo López la vigilancia e implementación de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce se los derechos fundamentales del pueblo wayuú ante el incumplimiento de los parámetro minutos aplicados a las políticas públicas del Gobierno nacional".
En términos sencillos, esto significa que Manrique y López estaban encargados de asegurarse de que se siguieran las órdenes de la Corte sobre cómo mejorar la vida de la comunidad wayuú, que ha estado sufriendo por la falta de acceso a recursos básicos como agua y alimentos.