LA FISCALÍA General de la Nación vinculó al director de la Función Pública en Colombia, César Manrique, en un escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta información cobra notoriedad en medio de la imputación de cargos en contra de otros funcionarios como Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto. Como se sabe, ambos son indagados por sus presuntos nexos con este entramado de corrupción, uno de los más importantes de los últimos dos años.

El ente acusador señaló que con ayuda de Manrique gestionó una reunión entre Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y Olmedo de Jesús López, exdirector de la Ungrd, con el objetivo de obtener una reducción significativa de 100.000 millones de pesos en los recursos del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre y la ANT.

También, se habría acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de una coima del 7% en cada uno de los contratos.

Asimismo, señaló que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.

La Fiscalía también señaló que Manrique “coordinó con Olmedo López la vigilancia e implementación de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce de los derechos fundamentales del pueblo wayuú ante el incumplimiento de los parámetros minutos aplicados a las políticas públicas del Gobierno nacional”.

En términos sencillos, esto significa que Manrique y López estaban encargados de asegurarse de que se siguieran las órdenes de la Corte sobre cómo mejorar la vida de la comunidad wayuú, que ha estado sufriendo por la falta de acceso a recursos básicos como agua y alimentos.

“En Bogotá, desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, (los mencionados) junto con funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd, (…) se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la Ungrd, (…) logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”, indicó la fiscal Andrea Muñoz, según publicación de Blu Radio.

Por otra parte, se conoció que la Fiscalía imputó al abogado Eduardo Riveros Rey por el delito de soborno en la actuación penal, por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dinero a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para que se retractaran de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad.

“Las evidencias recopiladas indican que, el pasado 26 de julio, el hoy procesado contactó al defensor del exsubdirector del Manejo del Riesgo de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y le propuso un acercamiento para que lo ayudara a concretar una negociación con la Fiscalía”, destacó el ente liderado por Luz Adriana Camargo.

Luego de esta comunicación, se realizaron cuatro encuentros, según la Fiscalía General de la Nación.

En uno registrado en un hotel del occidente de Bogotá, Riveros Rey le habría ofrecido a Sneyder Augusto Pinilla 3.000 millones de pesos o el 5% del valor total de un contrato en la Ungrd, a cambio de que modificar su declaración ante la Fiscalía y no inculpar otros involucrados en el entramado de corrupción.