Desde el 7 de agosto de 2022, cuando el gobierno actual estableció su política de “Paz Total”, varias zonas de Colombia, y dentro de ellas el Catatumbo, han sido escenario de una escalada de violencia y crisis humanitaria que pone en evidencia los desafíos de construir paz en un territorio marcado por el abandono histórico, la violencia sistemática y la disputa territorial de grupos armados. En esta región, las comunidades, que han resistido al fuego cruzado, enfrentan hoy alarmantes amenazas debido al debilitamiento de las estrategias de seguridad y la ausencia de presencia social por parte de las entidades públicas.

La promesa de la “Paz Total” anunciada para abrir canales de diálogo con los actores armados ilegales, y lograr acuerdo en tres meses, se ha convertido en un experimento fallido en el Catatumbo. La retirada gradual del Ejército, en conjunto con la reducción de operativos y la desarticulación de estrategias de seguridad, ha dejado un vacío de poder que ha sido aprovechado por los ilegales para apoderarse de los territorios con la tranquilidad de cometer sus abusos sin ser hostigados. Este fortalecimiento armado ha resultado en el incremento de desplazamientos forzados, amenazas y homicidios que colocan a los habitantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Las comunidades, lejos de recibir las respuestas, han sido dejadas a merced de quienes imponen un orden paralelo por la vía de las armas.

Sin embargo, los habitantes del Catatumbo están demostrando su resistencia. Las comunidades, han levantado su voz para exigir la presencia del Estado más allá de los discursos y la retórica. Ojalá la respuesta fuera más inmediata que aplazada a la expedición de facultades especiales para cobrar impuestos. La incapacidad de atender con sentido de urgencia a las comunidades, solo agrava la situación.

El modelo de respuesta, se parece al que se ha aplicado en la crisis social de La Guajira. Alargar los tiempos, realizar anuncios, expedir normas excepcionales, recibir recursos adicionales y ejecutarlos con procesos de contratación excepcionales que a la larga no llegan a las comunidades, sino a los intermediarios en hechos de corrupción.

El drama humano que se vive en el Catatumbo no puede ser ignorado. Más de 40.000 personas, incluidas familias enteras, mujeres y niños, han tenido que abandonar sus hogares, teniendo que dejar atrás sus vidas, su tierra y su historia, en un intento desesperado por salvarse del horror de los enfrentamientos de los violentos. Estas comunidades han sido desplazadas, despojadas de todo y arrojadas a una incertidumbre devastadora, enfrentando la incapacidad de asegurar su derecho a la vida. La indolencia e inacción frente a cada día que pasa, solo expone a las víctimas a mayores riesgos.

La paz no es simplemente la ausencia de guerra, ni mucho menos la autorización para que arrecie la ilegalidad y la inseguridad. Es esencial, la construcción de condiciones sostenibles, para que las comunidades puedan desarrollarse de manera digna.

Se requiere una acción coordinada entre las entidades nacionales, locales y las comunidades para diseñar estrategias que respondan a las realidades del territorio. Es fundamental que las políticas públicas sean producto de un diálogo permanente con los líderes locales, quienes conocen las dinámicas propias de la región. Así como recuperar el territorio, garantizar condiciones de seguridad y lograr la inversión privada con su capacidad de promover empleo y más ingresos locales, que el sector público solo, es incapaz de lograr.

¿Hasta cuándo se tolerará que el territorio venezolano sea utilizado para fortalecer a los grupos armados que aterrorizan al Catatumbo y a Arauca y la frontera sur oriental de Colombia?