Han pasado más de tres años desde el momento en que el gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha la política de Paz con Legalidad, con compromiso político, planeación seria, búsqueda de recursos y ejecución de obras en la ruralidad, no solo para implementar el Acuerdo sino para solucionar problemas sociales y económicos que debieron superarse en el pasado.

En pasadas administraciones se dieron pasos para mejorar las condiciones de vida en el campo, en un país de mayoría de población rural y excepcional vocación agrícola, pero no alcanzaron los períodos presidenciales de cuatro años ni hubo continuidad en los programas que se pretendía impulsar.

Por eso, es necesario hacer algunas reflexiones sobre el alcance de esta oportunidad histórica que, en su momento, la Corte Constitucional materializó como derecho a la paz, bajo los principios de progresividad y no regresividad.

 Básicamente, significa que no se puede retroceder en las políticas públicas ni en las ejecutorias en beneficio de los ciudadanos, ni destinar los recursos ya asignados a fines diferentes, máxime cuando la Corte determinó que este proceso debe darse durante por lo menos 15 años.

Dicho en otras palabras, en estos momentos cruciales de la vida colombiana, es necesario construir sobre lo ya construido. No puede haber marcha atrás en este ejercicio mayor económico y social, enfocado a llevar oportunidades y desarrollo a las zonas más golpeadas por la violencia, en el territorio nacional.

Con visión de largo plazo, con políticas públicas definidas, con el apoyo de todas las entidades de gobierno, se han sentado las bases de un ejercicio transformador irreversible, que obviamente, no puede completarse en 4 años. Ya hay ejecutorias verificables y avances en diversos frentes que hacen creíble y confiable el proceso, para lograr que sea irreversible a diciembre de 2021.

Hemos ejecutado más del 30% de esta tarea de largo aliento en estos tres años, y sabemos de la importancia de la gestión que cumplirán los próximos gobiernos. Hoy contamos con los presupuestos más altos que nunca se habían asignado para la reparación de las víctimas; la ley de víctimas se prorrogó por 10 años con apoyo del congreso y avanzamos en la reestructuración de la Unidad de Víctimas y la de Restitución de Tierras.

En los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se ejecutan en 16 subregiones afectadas por la violencia, con más de 6.6 millones de personas, tenemos una inversión sin precedentes de $ 10 billones, equivalentes a más del 60% del costo de la primera línea del metro e Bogotá, que se pagará a 40 años. Está operando el banco de tierras y hay en ejecución un crédito por 150 millones de dólares para desarrollar el catastro multipropósito, un instrumento clave para el Desarrollo Rural Integral.

Cabe reiterar el apoyo a 13 mil excombatientes que dieron el paso a la legalidad y cuyas garantías asignadas en el Acuerdo vencían en agosto de 2019, y esta administración prorrogó por el tiempo que sea necesario. Es el proceso más garantista de todos los procesos de reincorporación en el mundo.

Estamos estructurando y financiando los Planes Nacionales Sectoriales para toda la ruralidad en materia de vías, salud, educación, desarrollo económico, sistemas de riego, electrificación, servicios y reactivación económica.

Hay un compendio de ejecutorias que constituye el soporte para que el próximo gobierno, independientemente de su ideología, construya sobre lo ya construido. Está la estructura para que el país, para siempre, cambie para bien.

*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación