De repente, es como si los grandes asuntos de la política internacional se hubieran vuelto cuestiones judiciales, y las cortes y los tribunales se hubieran vuelto sucedáneos de la diplomacia.  Mejor dicho:  como si los grandes asuntos de la política internacional ya no fueran esencialmente eso -cuestiones políticas- sino contenciosos jurídicos.

Desde muy pronto, la guerra ruso-ucraniana tuvo su propio frente en La Haya, tanto en la Corte Internacional de Justicia (que a menos de un mes de la agresión emitió una medida provisional en la que ordenó a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares en territorio ucraniano) como en la Corte Penal Internacional, que ha proferido ya cuatro órdenes de arresto (una de ellas contra el mismísimo Vladimir Putin). En los dos procesos ha intervenido, en distinta condición y según corresponde a las reglas aplicables a una y otra jurisdicción, un número significativo de Estados, en una especie de movilización judicial internacional sin precedentes.

La guerra de Israel contra Hamás se libra también en los estrados judiciales.  Por un lado, está el proceso iniciado por Suráfrica contra Israel -en desarrollo del cual la CIJ ya se ha pronunciado en dos oportunidades-, y por el otro, el incoado por Nicaragua contra Alemania; ambos con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La semana pasada se conocieron las tres primeras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre cuestiones climáticas. Una de ellas (la del caso KlimaSeniorinnen) está llamada a convertirse en hito jurisprudencial para el “litigio climático”, e incluso, para el derecho internacional general.  Vaya uno a saber qué impacto pueda tener en las consideraciones de otros tribunales internacionales (la CIJ, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que tienen ahora mismo en sus manos consultas o controversias pendientes, relacionadas con el cambio climático y su conexión con los derechos y las obligaciones de los Estados, así como con la protección y garantía de los derechos humanos.

Los Estados africanos y afrocaribeños han venido fermentando desde hace años la propuesta de que se constituya un tribunal internacional ad hoc para juzgar las atrocidades del tráfico transatlántico de esclavos (que se remonta varios siglos atrás) y establecer las compensaciones a que hubiera lugar.  Un tribunal, en últimas, para juzgar al pasado.  Un tribunal anacrónico, literalmente, y además antijurídico, al que no le faltan respaldos, incluso bien intencionados.

Tal parece que hay cortes para todo y para todos.  Vaso medio lleno:  esto demuestra la vigencia del derecho internacional y reafirma la importancia del multilateralismo, en momentos en los que el lugar común es el de su crisis o su fracaso.  Vaso medio vacío:  suponer que el derecho resolverá los problemas políticos no puede conducir más que a la frustración y el desengaño.

Por eso resulta más necesario que nunca que los tomadores de decisión y los analistas entiendan las promesas y limitaciones del derecho tanto como las premisas fundamentales de la política.  No vaya a ser que el excesivo recurso al derecho acabe poniendo el derecho mismo en entredicho... al tiempo que hace virtualmente imposible la política.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales