No son pocas las barreras con que han tropezado las fuentes no convencionales de energías renovables para su integración a la matriz energética en Colombia. A lo largo de estos 24 años que han transcurrido desde que se expidió la Ley eléctrica, Colombia ha contado con un sistema eléctrico robusto y confiable, de clase mundial. Según el FEM, su arquitectura lo sitúa en el 8avo. lugar entre 127 países.
Pero estamos ante el riesgo de la autocomplacencia y tentados a permanecer en esta zona de confort y de allí la resistencia al cambio, del cambio de paradigma que se nos vino encima de la mano de la transición energética que se está dando en el mundo y de la cual Colombia no se puede sustraer. El sistema eléctrico colombiano depende en más del 70% de la generación hídrica y esta que es su fortaleza, se ha convertido en su talón de Aquiles debido al cambio climático.
Además, estamos ante un riesgo de marca mayor debido a que la entrada en operación de Hidroituango, que representa el 16% de la toda la capacidad instalada del país, tendrá un retraso por lo menos de 2 años. Esta crítica situación, que estresará al Sistema en los próximos dos años, se constituye en la oportunidad precisa para que las Fncer, que tienen en la Ley 1715 de mayo de 2014 su mayor punto de apoyo y apalancamiento, vengan en auxilio del sistema y evitar así un eventual racionamiento. Tanto más, puesto que los las mismas pueden entrar más rápido en operación.
Con la expedición del Decreto 0570 del 23 de marzo de 2018 se desató el nudo gordiano y se le zafaron las amarras que frenaban los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, al posibilitar los contratos de largo plazo y de paso el cierre financiero de los mismos. De hecho, el saliente Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, antes de irse, dejo firmada las resoluciones 40721 y 40795, las cuales dieron vía libre para que en enero próximo se realice la subasta de 3.443 GWH por parte de la UPME.
Ya el Ministerio de Minas y Energía, apoyándose en la Ley 1715, había expedido la Resolución O30 del 26 de febrero, encaminada a facilitar que tanto los hogares como la industria y el comercio puedan generar su propia energía para atender sus necesidades de la misma y, lo que es más importante, puedan comercializar sus excedentes. Con esta medida nace un nuevo agente del mercado, el Prosumidor, empoderando al usuario, que deja de ser sujeto pasivo en la cadena para ser mucho más proactivo de lo que es hoy. Y de paso contribuye también a la promoción de la llamada “generación distribuida”, que es aquella que no entra al circuito del SIN, muy útil particularmente para poder darle cobertura a los más de 400 mil hogares que no cuentan con el servicio de electricidad.
*Miembro de Número de la ACCE