Las declaraciones de Daniel M. Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, a María Isabel  Rueda (El Tiempo enero 16/17), sobre el fracaso de la erradicación de los cultivos de coca y del desarrollo rural alternativo, obligan  a un aterrizaje forzoso del Ministro de  Defensa y de las agencias  correspondientes    del Estado que anuncian programas y proyectos ilusorios  muy alejados de la realidad patética que Rico  describe minuciosamente luego de haber visitado el año pasado 42 municipios con cultivos de coca, en los cuales comprobó su aumento.  –Refiere, para el colmo de los males, que desde 2014 las Naciones Unidas suspendió  los censos y,  por  eso,  no se cuenta con datos imparciales y precisos, tan necesarios para la formulación  acertada  de las políticas púbicas.-

Las afirmaciones de Rico, que resumo enseguida, confirman la legitimidad de las preocupaciones expresadas en esta columna (julio 21-2016). Veámoslas: El  plan B en la política de drogas,  anunciado en 2015, no ha llegado a las regiones; la coca está adquiriendo un nivel de maduración que aumenta la cantidad de cocaína por mata sembrada; la estrategia  antidrogas debe incluir  el tema de la minería  ilegal , que es un eslabón de la  cadena criminal; 19 de 20 cada veredas  donde se invierten  recursos de desarrollo alternativo no tienen y no han tenido coca; los costos de los intermediarios, consultores, supervisores, evaluadores, contratistas, sub contratitas, horas de vuelo,  viáticos, escoltas, publicaciones, ha llegado en ocasiones al  87% de los recursos de un proyecto;  en 25 años el Estado  ha creado y desmontado 13 agencias encargadas del desarrollo alternativo.

Además, se suspendió  la aspersión  aérea de glifosato  en un  área vital  para la seguridad rural y el combate a la megadelicuencia  de los carteles de la droga. Es evidente,  que  después del  ¡plop! del Mindefensa ante   las aseveraciones de Rico, se requiere  una  respuesta gubernamental  que incluya ajustes y reajustes y una nueva orientación  en esta batalla crucial  para lograr la pacificación y el progreso  del campo colombiano. No  hay lugar a ms retórica. 

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El escándalo Odebrecht  ha sacado a flote la dimensión de la corrupción que socava países  e instituciones  y que se ha convertido en  el  virus letal  de la democracia occidental.  Agobia y desilusiona que  la ética haya sido archivada en la  Administración Pública, en la empresa privada y en la política. Es una descomposición  moral que se expande por continentes y organizaciones, sin que se vislumbre  la luz al final de ese túnel de podredumbre  y codicia.

¿Habrá, entre nosotros, la respuesta severa de la justicia? ¿A qué se deben  las dilaciones en los casos de Saludcoop, Interbolsa, Reficar?.  ¿Habrá, entre nosotros, la sanción social a los delincuentes de toda laya que impida la práctica del nepotismo electoral  como agua lustral a las transgresiones al Código  Penal?. Si bien  es cierto que el Fiscal Néstor Humberto  Martínez  se ha ganado prontamente la confianza ciudadana, la Rama Judicial, por el  contrario, la ha perdido totalmente.