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Las declaraciones de Daniel M. Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, a María Isabel Rueda (El Tiempo enero 16/17), sobre el fracaso de la erradicación de los cultivos de coca y del desarrollo rural alternativo, obligan a un aterrizaje forzoso del Ministro de Defensa y de las agencias correspondientes del Estado que anuncian programas y proyectos ilusorios muy alejados de la realidad patética que Rico describe minuciosamente luego de haber visitado el año pasado 42 municipios con cultivos de coca, en los cuales comprobó su aumento. –Refiere, para el colmo de los males, que desde 2014 las Naciones Unidas suspendió los censos y, por eso, no se cuenta con datos imparciales y precisos, tan necesarios para la formulación acertada de las políticas púbicas.-
Las afirmaciones de Rico, que resumo enseguida, confirman la legitimidad de las preocupaciones expresadas en esta columna (julio 21-2016). Veámoslas: El plan B en la política de drogas, anunciado en 2015, no ha llegado a las regiones; la coca está adquiriendo un nivel de maduración que aumenta la cantidad de cocaína por mata sembrada; la estrategia antidrogas debe incluir el tema de la minería ilegal , que es un eslabón de la cadena criminal; 19 de 20 cada veredas donde se invierten recursos de desarrollo alternativo no tienen y no han tenido coca; los costos de los intermediarios, consultores, supervisores, evaluadores, contratistas, sub contratitas, horas de vuelo, viáticos, escoltas, publicaciones, ha llegado en ocasiones al 87% de los recursos de un proyecto; en 25 años el Estado ha creado y desmontado 13 agencias encargadas del desarrollo alternativo.
Además, se suspendió la aspersión aérea de glifosato en un área vital para la seguridad rural y el combate a la megadelicuencia de los carteles de la droga. Es evidente, que después del ¡plop! del Mindefensa ante las aseveraciones de Rico, se requiere una respuesta gubernamental que incluya ajustes y reajustes y una nueva orientación en esta batalla crucial para lograr la pacificación y el progreso del campo colombiano. No hay lugar a ms retórica.
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El escándalo Odebrecht ha sacado a flote la dimensión de la corrupción que socava países e instituciones y que se ha convertido en el virus letal de la democracia occidental. Agobia y desilusiona que la ética haya sido archivada en la Administración Pública, en la empresa privada y en la política. Es una descomposición moral que se expande por continentes y organizaciones, sin que se vislumbre la luz al final de ese túnel de podredumbre y codicia.
¿Habrá, entre nosotros, la respuesta severa de la justicia? ¿A qué se deben las dilaciones en los casos de Saludcoop, Interbolsa, Reficar?. ¿Habrá, entre nosotros, la sanción social a los delincuentes de toda laya que impida la práctica del nepotismo electoral como agua lustral a las transgresiones al Código Penal?. Si bien es cierto que el Fiscal Néstor Humberto Martínez se ha ganado prontamente la confianza ciudadana, la Rama Judicial, por el contrario, la ha perdido totalmente.