Una de las preguntas más importantes, pero menos analizada es la siguiente: ¿de qué magnitud debería ser la sangría que se le aplique a las empresas y a los hogares colombianos con la próxima reforma tributaria?

Primero se dijo durante la campaña que la nueva reforma iría por $ 50 billones. Rápidamente se vio que esto era una barbaridad, pues pretender extraer a los contribuyentes de golpe y porrazo tal cantidad y en un solo año era imposible.

Entonces el ministro Ocampo sacó de su fértil imaginación una respuesta: no se trata de gravar a los contribuyentes con 50 billones de un solo golpe, dijo, sino gradualmente a lo largo del cuatrienio. Su respuesta tranquilizó los ánimos.

Ahora se abre un segundo capítulo en la discusión, cuando en la exposición de motivos del proyecto se dice que la nueva reforma buscará recaudar 25 billones de pesos del año entrante y otros tantos en el resto del cuatrienio. Para llegar así a la cifra mágica de los 50 billones durante el gobierno Petro. 

Algunos son escépticos inclusive sobre la conveniencia de extraerle a los contribuyentes en los momentos actuales una suma de esta magnitud. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, ha formulado la siguiente pregunta: “el ahorro de las familias se desplomó en 2022. Además, la inflación les quitó un 10% de sus ingresos. No sé el ministro Ocampo de dónde quiere sacarle 15 o 20 billones de pesos más de impuestos”.

Estas afirmaciones del exministro están confirmadas por hechos y cifras: ya sabemos, por ejemplo, que el buen crecimiento económico que tendrá Colombia en 2022 se debe fundamentalmente al mayor consumo que hubo por parte de los hogares. En 2022 se dio un desahorro monumental de las familias. Los hogares ahorraron durante la pandemia, pero salieron de ella con grandes energías consumistas que atizaron los días sin IVA. Sin embargo, esos ahorros ya se han agotado y no serán motor predominante en el crecimiento del 2023.

Igual viene sucediendo con la inflación que con las cifras del aumento de precios en julio superó la barrera del 10%. El aumento de precios en el solo primer semestre ya devoró el incremento en el salario mínimo que se decretó en diciembre pasado para todo el 2022. Y volvimos, lo que es aún más lamentable, a índices de inflación de dos dígitos que no se veía desde 1999. Estuvimos 23 años con inflaciones de un solo dígito, pero desde el mes de julio de este año entramos de nuevo en los cenagosos terrenos de los dos dígitos. Una verdadera lástima.

Las necesidades de gasto social son por supuesto gigantescas y las promesas de campaña también lo fueron. Pero ni la sostenibilidad fiscal- si se quiere cumplir realmente con los parámetros de la regla fiscal como se ha afirmado- ni la capacidad económica de las empresas y de los hogares, permiten una sangría tributaria desmedida.

Cuando se habla de tributación no solo es conveniente preguntarse: ¿cuánto se necesita extraer con los nuevos impuestos para financiar el gasto? sino: ¿de cuánto es posible diseñar la sangría sin comprometer el crecimiento de la economía?

Es obvio que sangría habrá de todas maneras. El empeño político del nuevo gobierno está concentrado en la tributaria como primera prioridad. Y como “la casa no quedó en orden”-tal como lo dijo el comité autónomo de la regla fiscal- es evidente que se necesita una reforma tributaria para que el país pueda financiar un mínimo del apremiante gasto social. ¿Cuáles serán estos gastos? No lo sabemos aún: lo dirá el plan cuatrienal de desarrollo.

Pero no por ello debemos olvidar que -así los nuevos impuestos se hayan diseñado acertadamente para que estén a cargo de los más adinerados- no es el mejor momento para recargar la mano en exceso a los contribuyentes; y tanto más si el garrotazo mayor cae sobre las rentas de personas naturales, que es la columna vertebral de la reforma presentada. 

Llama por ejemplo la atención que, salvo en lo que toca a la gasolina de frontera, en el proyecto de reforma tributaria nada de lo concerniente al IVA se toca. A pesar de que allí radica uno de los mayores focos de distorsión de la fiscalidad. Cerca del 62% de los bienes y servicios que deberían estar pagando IVA no lo hacen. Y no se trata de los alimentos de primera necesidad que, desde luego, no deben gravarse. 

El gobierno parte del supuesto de que nada que tenga que ver con el IVA se puede tocar. Esto no es correcto. El informe de los expertos en privilegios tributarios concluyó que la mayoría de las gabelas injustificadas se origina en el diseño defectuoso del IVA. Y de nuevo: no estamos hablando de gravar la canasta familiar; estamos refiriéndonos a ese 62% de bienes y servicios que escapan a la tributación del IVA. Lo que es una de las razones que hacen regresivo e ineficiente el sistema fiscal colombiano. 

Este es un tema para analizar al estudiar los pormenores del proyecto de reforma que tiene, desde luego, cosas muy plausibles. Ante todo, su afán de avanzar hacia una tributación más progresiva. Pero que sea plausible, no significa que no surjan muchos aspectos que es necesario desmenuzar. Como tendremos que hacerlo más adelante desde esta columna.