Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la ACP vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país. A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera.

El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Además, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó.

Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) como el de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el SGR los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión.

Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar el comprometimiento de las distintas fuerzas políticas en su formulación, elaboración y ejecución. No de otra manera se podrá garantizar su sostenibilidad y de paso garantizar la seguridad jurídica, la cual se está echando de menos en los últimos tiempos, merced al desbarajuste que ha venido causando la desregulación de las consultas.

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*Miembro de Número de la ACCE