Para Norberto Bobbio, "la democracia perfecta no puede existir y, de hecho, no ha existido nunca", y, aunque hay un consenso de mínimos en que la libertad y la igualdad son la piedra angular de una democracia y lo que nos permite diferenciar a ésta de una dictadura, se requiere algo más. Desde una norma magna que regule y ampare los derechos fundamentales reconocidos a todos sus ciudadanos, a un Estado que cumpla las exigencias de un Estado de Derecho y a unos mecanismos de control y participación que garanticen el pleno ejercicio y la sanción a quienes no cumplen lo establecido. Todos iguales ante la ley no puede ser una frase más o menos bonita sino una realidad ejercida y controlada democráticamente.

¿Es España una democracia cien por cien o una "democracia defectuosa", como la ha calificado The Economist al "degradar" a nuestro país en la clasificación? ¿Se ha desnaturalizado nuestra democracia y tenemos un sistema político e institucional obsoleto? ¿Es la nuestra una democracia jurídica donde todos los órganos constitucionales respetan de manera absoluta los imperativos esenciales para asegurar la estabilidad institucional y combatir la injusticia?

La revista británica se ha referido fundamentalmente al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por la incapacidad de Gobierno y oposición de proceder a su renovación, tres años después de que esta fuera imperativa. El Gobierno decidió además bloquear el nombramiento de cargos, competencia del Consejo, hasta su renovación, lo que está provocando retrasos enormes en las sentencias y daño profundo para los ciudadanos afectados. Pero ese no es el principal defecto de nuestra democracia hoy y, seguramente, tampoco el más importante. Ni tan siquiera el vergonzoso reparto de cromos en el Tribunal Constitucional o la oscura dependencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Gobierno.

Nuestra democracia se caracteriza hoy por un control deficiente, un debate estéril y un mal funcionamiento del Parlamento. Ha sido evidente en la pandemia, igual ahora. También por la existencia de organismos secuestrados o usados abusivamente como el CIS y por el nombramiento de políticos para cargos sin la mínima preparación exigida. Por escándalos como el de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos directivos fueron "nombrados", antes de que se abriera el preceptivo concurso de méritos del que tenían que salir. Es una aberración el abuso del decreto ley por parte del Gobierno --en torno a un centenar-- para hurtar el debate parlamentario, o la utilización de leyes para incluir, y que se aprueben con nocturnidad y alevosía, otros asuntos que no tienen nada que ver: pensiones y mascarillas el último ejemplo.

La democracia se falsea cuando se pactan acuerdos de Gobierno con quienes quieren acabar con el sistema, cuando se ceden competencias para conseguir mantenerse en el poder al precio que sea o se conceden privilegios a presos de ETA, negociados bajo cuerda y sin publicidad, y se convierte a sus herederos en socios fiables. No puede haber democracia sin transparencia ni limitando la libertad de expresión con vetos a determinados medios y con filtraciones interesadas a otros. No hay democracia plena sin democracia interna en los partidos ni con un Gobierno que tiene tres jefes, dos dentro y uno fuera, y cuyos miembros se permiten ataques directos a la Corona, la Justicia, las fuerzas del orden o la misma libertad de expresión. No hay democracia de verdad cuando el presidente de la Conferencia de Rectores denuncia que "en Cataluña hay una situación de mordaza y presión a la Universidad", cuando se incumplen las leyes que obligan a una enseñanza de mínimos del español o cuando se prescinde de trabajadores necesarios y cualificados por no conocer una lengua cooficial. La democracia es el mejor sistema de gobierno que conocemos, pero, al menos la nuestra, debería ser mejor. No se puede despreciar ni depreciar lo que tanto nos ha conseguido conquistar.