El derecho a la vida es, en teoría, el primero de los derechos garantizados en la Constitución. “Es inviolable”, dice el artículo 11. Ya había proclamado el artículo 5 que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Y el principal fundamento del orden jurídico, según el artículo 1, es el respeto a la dignidad de la persona humana.

Es el deber ser. La aspiración de una sociedad democrática. Entre las finalidades del Estado se encuentran los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Artículo 2).

Como lo hemos recordado varias veces, la norma en mención establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Pero digámonos la verdad: una cosa es lo escrito en las normas y otra muy diferente la dura realidad. Infortunadamente, en Colombia ese propósito institucional -la garantía de la vida- se ha convertido en vana ilusión: en pura teoría jurídica que los profesores de Derecho presentamos ante nuestros estudiantes. El Estado no ha logrado cumplir su función y, por el contrario, agentes suyos han actuado muchas veces contra la vida y la integridad de las personas, como lo demuestran los mal llamados “falsos positivos”, que no fueron nada distinto de crímenes de lesa humanidad, varios de cuyos autores permanecen en la impunidad. O la denominada Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín. Hasta ahora, veintidós años después, por gestión de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-, se comienzan a encontrar los primeros restos humanos entre la basura, en la Escombrera.

Desde luego, las organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y paramilitares, y la delincuencia común han hecho y siguen haciendo lo suyo contra la ciudadanía, ante la impotencia, y a veces con la complicidad de las autoridades. Es muy doloroso que, en el año que termina, miles de niños hayan sido violados y asesinados -muchas veces por sus propios padres o padrastros-, y que los colombianos nos encontremos hoy acongojados, estremecidos y conmovidos por un crimen horrendo como el cometido en Aguachica -Cesar- contra una familia pastoral evangélica, a la vez que por asesinatos de miembros de la Fuerza Pública y por el asedio, también criminal, de organizaciones armadas contra la población en varias zonas del país.

Hablando de la vida, tampoco se protege la del que está por nacer. Providencias que quien esto escribe estima equivocadas, proferidas por el más alto tribunal de la República -la Corte Constitucional-, han llegado a tratar el delito de aborto como un derecho de la mujer, lo que, en cambio, ha rechazado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh).

En nuestro continente, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el derecho a la vida estará protegido por la ley, a partir del momento de la concepción.

Todo eso está escrito. No se cumple.