A más de dos años de las elecciones presidenciales del 2022, llegó el momento de tomar una decisión en el Consejo Nacional Electoral sobre el sobrepaso de los límites de la campaña presidencial del actual Presidente. Se elaboró la ponencia por el magistrado competente, pero como era de esperarse, la caldeada sesión se destacó por todo tipo de prácticas dilatorias.

Como cosa curiosa, ya se conoce el sentido de la ponencia que se someterá al plenario del Consejo, que será presentando cargos contra el Presidente por haber superado los límites de gastos de la campaña, en más de cinco mil millones de pesos.

Nos imaginamos el revuelo que esto ha causado en el Gobierno y en su partido; de allí el cacaraqueado “golpe de estado” que anunciaba el mismo Presidente por todos los medios y la convocatoria a que pueblo se movilice para respaldarlo.

En la sesión del Consejo Nacional Electoral, prevista para el pasado 16 de septiembre en la mañana, donde se discutiría la ponencia que presenta cargos contra el Presidente, paso de todo; primero apareció un magistrado destituido a reclamar su participación, alegando una rehabilitación por tutela; se le negó porque la Corte Constitucional no ha comunicado ninguna decisión. 

Al medio día llegó un correo electrónico firmado por un señor Silva quién manifiesta “Recusar a todos los magistrados porque abiertamente son enemigos del presidente, ya que pertenecen a partidos de oposición”.  También se negó esta solicitud, por no haber acreditado su identidad el solicitante.

Superado lo anterior, se abordó la petición de suspensión del abogado Héctor Carvajal, defensor del presidente, quien advertía que primero debía procederse a resolver la nulidad que presentó por carecer todos los magistrados de Competencia, debido al fuero constitucional del Presidente.   También se le negó esta petición por mayoría.

A continuación, la magistrada Alba Lucía Velázquez, del partido de gobierno, solicitó que el expediente rotara por cada uno de los ocho magistrados en funciones.  Quedó aplazada la decisión hasta el próximo 30 de septiembre, para que ella pudiera estudiarlo.

El tiempo corre a favor del presidente investigado, pues la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral es de carácter administrativo. Seguramente se compulsarán copias a la Comisión de Acusaciones para que adelante el antejuicio de indignidad.  En el Congreso, se extenderá el mismo debate político, y casi que se puede vislumbrar que el Presidente terminará su actual periodo, sin que haya una decisión en firme en el Congreso.

Pero lo más significativo, es la manifestación que ha hecho el abogado el presidente, en el sentido que “Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos con una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. (...) Nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.   Un desacato anunciado, una subversión al régimen legal y constitucional colombiano.  Estamos a punto de presenciar que, en Colombia, eso de sobrepasar los límites económicos de las campañas, violando el equilibrio democrático, no trae consecuencias y que el Consejo Nacional Electoral es un organismo inane, solo sirve para politiquear.