La tasa de desempleo de Colombia para el mes de mayo se ubicó en 21,4%, cifra alarmante que refleja el devastador impacto socioeconómico de la pandemia y que conmocionó dirigentes gremiales, gobernantes, académicos y líderes de opinión. Sin embargo, este nivel de desempleo atípico para el promedio de ciudades del país es la condición habitual de las regiones más rezagadas de Colombia. Basta con mirar la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 del Dane, para entender que ciudades como Buenaventura, Puerto Carreño y Arauca tenían tasas de desempleo superior al 20% mucho antes de que supiéramos de la existencia del Covid-19.

Gran parte de los municipios y ciudades intermedias en el litoral Pacífico, la Amazonía y Orinoquía reflejan cifras de esta otra Colombia, donde las condiciones normales del mercado laboral son tan complejas como las del promedio del país enfrentando el coronavirus. Territorios aislados, con alta pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas, donde la capacidad institucional es insuficiente frente a la magnitud de problemas sociales y el tejido empresarial existente está muy lejos de suplir las necesidades de empleo; generando informalidad como principal medio para obtener ingresos y alta dependencia a economías ilegales.

Como consecuencia, estas tres regiones concentran cerca del 62% del total de hectáreas sembradas de coca y más del 70% de la deforestación nacional.

Ahora más que nunca necesitamos rodear a esa otra Colombia, no sólo porque el impacto de la pandemia profundizará las desigualdades territoriales, sino porque es imperativo acompañar estas regiones para no retroceder en la construcción de paz. En este propósito es prioritario proteger el ingreso de las familias, respaldando a quienes mayoritariamente generan empleo, las micro y pequeñas empresas que le han apostado a la formalidad en un contexto altamente informal y que requieren acciones oportunas para superar la crisis y conservar el mayor número de empleos. Cabe resaltar, que el Gobierno Nacional tomó medidas para garantizar la liquidez de las mipymes, aumentando las garantías crediticias al 90% para pago de nómina y 80% para recursos de capital, no obstante, en estos territorios el impacto no ha sido significativo y el acceso a créditos continúa siendo limitado. Por lo tanto, se requieren soluciones innovadoras y solidarias que garanticen fuentes de financiación a estas empresas, teniendo en cuenta sus realidades y contexto, superando limitaciones en cuanto a experiencia crediticia y generación de excedentes. Para reactivar estas regiones, también es determinante aumentar el gasto público para la infraestructura social, que subsane carencias en salud y conectividad, aumentando la competitividad de estos territorios, generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus comunidades.   

Quienes experimentamos la dificultad de enfrentar los efectos de la pandemia desde regiones con grandes brechas socioeconómicas esperamos que ahora que el promedio del país experimenta tasas de desempleo similares a las nuestras, se sensibilice sobre la necesidad de formular e implementar políticas diferenciales para la reducción de la desigualdad territorial. No avanzaremos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin mejorar las condiciones de la otra Colombia.