La crisis del Estado se agranda, con falta de sentido común el presidente Petro pide al Banco de la República que imprima billetes por más de trescientos cuarenta billones de pesos para indemnizar a víctimas de la violencia, en flagrante violación de la autonomía de un organismo no creado para convertirse en fuente de financiación de los gobiernos, ni de instrumento indicado con el objeto de resolver necesidades fiscales.

Solicita una devaluación, con la impresión de billetes a la topa tolondra. Lo primero que cambiaría serían los precios de bienes y servicios importados, la reducción del poder de compra, la medida afectaría los valores de los artículos, el nivel de vida de una sociedad angustiada que sufre la corrupción y la inseguridad, inclusive la jurídica.

La inflación es el peor impuesto para los pobres, incrementa el costo de endeudamiento, pésima iniciativa la de pensar que impulsando una devaluación puede indemnizarse a las víctimas, la manifestación del mandatario es errónea, antidemocrática, los expertos se pronuncian con argumentos válidos en contra de ella señalando como la propuesta ocasiona perjuicios y sinsabores.  

En estos dos últimos años el entredicho predomina, la situación del país, de franco deterioro, resulta alarmante y se suma a contradicciones permanentes en referencia a actos administrativos, a lo incluido en proyectos de ley que en lugar de solucionar problemas los agravan, la dignidad en el desempeño de los cargos públicos se deteriora con el abuso y la comisión de delitos que son motivo de investigaciones, ojalá que concluyan con las merecidas condenas para los responsables de cometerlos en detrimento de la comunidad entera.

Precisamente una de las obligaciones del Banco de la República es la de preservar el poder adquisitivo de la moneda, jamás asustar a los actores del sector privado y a los inversionistas. Cuando se habla de un gran acuerdo nacional, que parece cada día menos factible, no vemos de qué manera los interesados en que crezca la producción y aumente el empleo podrían mostrarse de acuerdo con la impresión de moneda sin respaldo y la merma del ya disminuido poder adquisitivo de la misma.

La credibilidad internacional de Colombia para los inversionistas está cuestionada, máxime con el curso de los diálogos a la búsqueda de la llamada Paz Total con los subversivos sobre la base de otorgar perdones y amnistías garantizando financiación inmoral y cargante para estos grupos si prometen secar sus acciones violentas en detrimento social. Así mismo, para mejorar la economía creemos que las conversaciones con grupos delincuenciales que atentan contra la sociedad se tornan imposibles de concluir en beneficio colectivo si constituyen impunidad pactada.

De otro lado la división de Colombia, el debilitamiento de los partidos, la falta de creación de empleo y el clima de constante zozobra muestran la necesidad de enderezar el camino e impedir que las cosas empeoren.  Vamos mal y sin esperanza de que las cosas mejoren. La locura también toca el campo financiero, con la amenaza de la devaluación.