La función no ha terminado

El estremecimiento nacional causado por la caída de la elección de Fiscal presenta todos los ingredientes de un drama a la colombiana. Hay acción, pasión, alegría, tristeza, amor, ilusión y desencanto, nobles sentimientos, ruines sentimientos, fortalecimiento institucional, desprestigio institucional, certezas, incógnitas… en fin, cuanto puede mezclarse en una pieza dramática que preferiríamos no volver a presenciar jamás.
Los enfrentamientos entre Gobierno y Cortes golpearon las instituciones y la demora para elegir Fiscal resultó una de sus secuelas más visibles y perjudiciales. Los ciudadanos, habitualmente despreocupados por estos temas, no pudieron eludir lo que describían los medios como un choque de trenes entre las Altas Cortes, complicado por el estrellón con el Ejecutivo. Las tres ramas del poder, que deben trabajar separada y armónicamente, aparecían mezcladas en unas luchas públicas de todos contra todos.
Durante largos meses el país esperó con paciencia que se eligiera nuevo Fiscal. Hasta que, de pronto, con Gobierno y terna cambiados, vino la elección a la carrera. La parsimonia se convirtió en apresuramiento. Y como el afán es mal consejero, la votación resultó con vicios que la invalidan, según el Consejo de Estado lo dice en una sentencia cuyo texto todavía no se conoce.
Mientras tanto, la Fiscal ha tenido que enfrentar retos inesperados, con decisiones que atizan la hoguera de los enfrentamientos entre Uribe y Santos, y comprueban que, en la política colombiana, no hay sucesor bueno ni antecesor bueno. Con el agravante de que algunos casos sensibles polarizan no sólo a los séquitos sino a la opinión en general, como el de Luis Carlos Restrepo, a quien el país prefiere seguir mirando como al “Doctor Ternura” y se resiste a considerarlo como un aprovechador de reinserciones fraudulentas.
Entre tanto, los procesos que debe conocer directamente, se acumulan en su despacho a una velocidad que amenaza convertirlo en otra víctima de la congestión de expedientes.
Y como si no fuera suficiente el pesado e ingrato trabajo de lidiar con un sistema penal desbordado por los hechos, vienen las implicaciones políticas, pues no en vano se procesan alcaldes, ministros, senadores, representantes y funcionarios del más alto rango sin que se estremezca la cúpula de los gobiernos y se atribuya una intención política a cada actuación judicial.
Para colmo de males, la situación personal de la Fiscal saltó al centro de la polémica pública, donde todo el mundo se siente con derecho a opinar sobre su vida privada.
Aún sin terminar, el drama permite sacar varias conclusiones: todos pierden en las pugnas entre antecesores y sucesores, hasta el público espectador; la intervención de organismos judiciales en la elección de funcionarios no despolitiza la designación, más bien politiza el organismo pero, a pesar de eso, parece peor que no intervengan; las elecciones apresuradas desembocan en nulidades; los maquinistas sobrevivientes de los primeros choques de trenes preparan nuevas embestidas; las sentencias se siguen anunciando antes de estar completamente redactadas; las investigaciones y los procesos contra personas que tienen fuero especial atascarán el despacho del Fiscal; la vida privada de los altos funcionarios no es privada.
Además, todo titular de un alto cargo se vuelve, con razón o sin razón, un candidato a la crucifixión.