En anterior post-columna hacíamos un repaso tangencial del proyecto de reforma laboral del “cambio”, que criticábamos y decíamos que adolecía del “síndrome de campaña” -burdo “populismo”- y que aspirábamos a que en el proceso legislativo y en el posterior control constitucional se pudieran “rebajar” las delirantes pretensiones oficiales. Uno de los puntos que más nos llama la atención es el de intentar lapidar el contrato de obra o labor y, por ende, a las Empresas de Servicios Temporales (EST) expertas en seleccionar, capacitar y administrar el recurso humano de calidad que han de suministrar en misión a las empresas que lo requieran.
Pero el “espíritu” del proyecto pretende acabar con ese tipo de contratos y meterlos dentro de la colada de los permanentes a término indefinido. Muy grave, aunque Miguel Pérez, presidente de su gremio (Acoset) haya reiterado que “La actividad desarrollada por tales empresas no sólo se enmarca dentro del campo de la legalidad sino que, además, son las únicas habilitadas para realizar tercerización laboral en Colombia”; y haya manifestado, discretamente, que en sus conversaciones con la ministra del ramo -fundamentalista de izquierda- ésta le ha asegurado que la tercerización que se atacará será únicamente la ilegal... seguramente pensando en contratos sindicales y en outsourcing practicado por cooperativas de trabajo asociado, que se han desviado de su principio cooperativo y se han dedicado a “exportar” trabajadores a otras empresas, a cambio de un pago.
Grave, porque en Colombia hay 616 EST en 243 sucursales, que cuentan en su nómina con unos 450 mil trabajadores efectivamente inmersos en el mercado laboral, enviados en misión con todas las condiciones de prestaciones sociales, seguridad social integral, etc. Pero como la ministra quiere ser más “Papisa” que Petro y ambos se creen portadores de la verdad revelada en materia de “dignidad del trabajo” -como estrategia dialéctica- lo que van a conseguir es el efecto contrario: espantar el empleo subordinado, pues éste no surge por generación espontánea, requiere de una clase emprendedora que arriesga ingentes recursos para sostener trabajadores que les sean útiles a la actividad empresarial.
De lo contrario, nos quedaríamos “dignificando” el trabajo, pero rumiando la desdicha de ver caer el empleo, por simple sustracción de materia. Y se nos viene a la memoria la frase célebre de un estratega de Bill Clinton, que pegó en la pared de la campaña presidencial un cartelito para recordar que se deberían aterrizar las ideas a la realidad de la gente: “the economy, stupid”. Porque la “dignidad” retórica hay que ponerla a rodar en la calle.
Post-it. En un modelo de Estado hiperasistencialista -tipo populismo del Siglo XXI- deberíamos etiquetar un nuevo grupo de ciudadanos que ameritan especial protección: PCP (Personas en Condición de Petrismo) que abarcaría unos 11 millones de sufragantes por el cambio. Sugiero que se le subsidie a cada uno con 1 SMMLV y que se nombre a una Representante, activista del movimiento, para liderar un plan de distribución puerta a puerta de una cantidad razonable de Cannabis Boreal y que el PAE haga lo propio para surtirles las tres comidas diarias, así no tendrían que salir de sus casas y simplemente se dedicarían a “vivir sabroso”. Así, el resto de colombianos podríamos salir tranquilamente a la calle a trabajar para sostenerlos, ad infinitum.