Cuando los colombianos salieron a votar contra la corrupción, se dispararon las alertas de los políticos y politiqueros, porque vieron la aparición de otra patria diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir, con todos los vicios y defectos.

La tan desacreditada “mermelada” estaba seriamente amenazada y las advertencias de que estábamos rumbo al “castrochavismo” y la venezolanización, se debilitaban. Era necesario buscar un nuevo fantasma y qué mejor que octubre para crearlo. Los primeros pasos los dieron el ex vice Vargas Lleras, quien archivó sus rencores y abrió las puertas al senador Uribe, para encontrar el camino adecuado para conservar y fortalecer su poderío.

Ambos, desde luego, negaron semejante acuerdo. Desecharon cualquier pretensión, cualquier arreglo, cualquier alianza. Pero por ahí fue la cosa. Era urgente encontrar una fórmula mágica y certera.

Sin querer queriendo, a alguien se le ocurrió prescribirla por debajo de la mesa y entregarla a la Comisión Primera de la Cámara. Tan preparada estaba la cosa, que allí demoró menos que un confite en la puerta de una escuela. 22 de los 28 representantes la recibieron con alborozo.

Se trata de prolongar por dos años más los períodos de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para que todos los elegidos popularmente permanezcan simultáneamente 4 años en el poder. La comisión de la Cámara aprobó estruendosamente una violación a la Constitución. Los actuales fueron elegidos popularmente para cuatro años por el constituyente primario, no por el Congreso.

Estamos ante una alcaldada aplicada ilegalmente por unos parlamentarios que quieren ver aseguradas por dos años más a sus fichas en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y con ellas consolidar los contratos y prebendas. Quieren poner a salvo la “mermelada” por dos años más; y de paso legalizar la corrupción. Nunca pensaron, por ejemplo, en unificar períodos, recortando los suyos y los del Presidente por esos dos años.

Si se persigue que todos los períodos se inicien y terminen simultáneamente, debe buscarse otra fórmula que no riña con la Constitución, como lo han advertido el exprocurador Alfonso Gómez Méndez y el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Algunos que actúan con rectitud, han anunciado su renuncia antes de aceptar prórrogas, como lo ha anunciado Camilo Romero, gobernador de Nariño, precisamente para poner a salvo nuestra Carta Magna.

Entre tanto, el país ha entrado en un desorden de legalidad, porque ya hay alcaldes cuestionados cantando victoria, ofreciendo contratos a quienes tienen en sus manos la decisión durante 7 votaciones en Senado y Cámara.

Las fuerzas vivas y los amantes y defensores de la legalidad, del orden y la democracia, deben elevar sus voces exigiendo sensatez a quienes buscan por todos los medios lucrarse y alcanzar poder por caminos diferentes a los que contempla nuestro orden jurídico.

BLANCO: Los análisis y secretos de medio siglo, que consigna Enrique Santos Calderón en su libro “El país que me tocó”.

NEGRO: El cuestionado Contralor de Bogotá.