Sobre la Fiscalía, y algo más

Que  sepamos, la Corte Suprema de Justicia, pese a la experiencia penosa de haber demorado más de 15 meses en elegir el Fiscal General de la Nación, no ha cambiando aún las reglas para la elección; cambio que bien podría consistir en aplicar la simple mayoría si al primer intento no se puede cumplir con la obligación que le corresponde, entre otras razones para que sus integrantes no se expongan a incurrir en prevaricato por omisión, por deliberada postergación en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
También, no puede seguir siendo de recibo la tesis de la “viabilidad” de la terna sobre bases o apreciaciones subjetivas, más allá de la exigencia constitucional en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para poder ser elegido Fiscal General de la Nación; requisitos que, si se cumplen por el nominador -el Presidente de la República-, no pueden ser rechazados válidamente para imponer, en cambio, otras exigencias no regladas y con cuyo procedimiento el fuero presidencial resulta institucionalmente desconocido.
Tampoco el país ha mirado bien la politización de la CSJ, pues sólo cuando hubo cambio de Gobierno se pudo llenar el cargo de Fiscal en cabeza de una jurista de altas calidades, por cierto, pero a quien, sin embargo, el Consejo de Estado acaba de anular su elección. Porque, según esta corporación, la Corte Suprema de Justicia aplicó mal el reglamento interno al elegirla; decisión que el Alto Tribunal no comparte, como se dijo en el comunicado que leyera su Presidente pero sin dejar de acatar el fallo.
¿Por qué no se ha cambiado un Reglamento que no permite el cumplimiento oportuno de las funciones constitucionales de la Corte, no sólo para elegir a determinados servidores públicos sino para llenar las vacantes que se presentan en las Salas que la integran? Corresponde a los magistrados responder esta pregunta, pero desde afuera se aprecia que hay una lucha interna por el poder que no se da ni en el Concejo de Caparrapí.
Por ello, una de las reformas urgentes debe ser la de suprimir la facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia de elegir al Fiscal General de la Nación, en cuanto el ejercicio de esa atribución ha conducido - según pruebas al canto- a su inconveniente politización; facultad que debe ejercer, en cambio, el Presidente de la República dentro de sus funciones administrativas. Razones hay para considerar mejor esa opción.
¿Insistirá el presidente Santos en la anterior terna, incluyendo en ella el nombre de la actual Fiscal General de la Nación? Llamó la atención que el Presidente la hubiera cubierto de elogios en su intervención en el Colegio Mayor del Rosario, y siendo, como es, facultad discrecional suya integrar y presentar la terna a la Corte Suprema de Justicia, ello podría ocurrir. Sólo se tendría que incluir un nuevo nombre en la terna para remplazar el del actual Ministro de Justicia y (según noticias que nos trajo un pajarito) el nombre del exembajador de Colombia en Ecuador y exmagistrado de la CSJ, Fernando Arboleda, sería postulado.