Consultémosle al pueblo…
EL señor José Miguel Vivanco, representante de la ONG Human Rights Watch, hizo conocer una carta dirigida al presidente Santos, en la cual plantea cuestionamientos -para él insuperables-, contra el marco para la paz, un Acto legislativo que cursa en el Congreso Nacional y a través del cual, con medidas propias de la justicia transicional, se crean instrumentos que podrían conducir a un acuerdo de paz con la insurgencia colombiana.
Vivanco habla de que se abrirían las puertas a la impunidad a los responsables de delitos atroces o de lesa humanidad. Creemos que exagera en esa apreciación, como lo ha dicho el ponente del proyecto en la Cámara de Representantes.
Que sepamos, todos los procesos de paz que se han adelantado en el mundo han sido cuestionados por razones semejantes, pero, pese a ello, tuvieron éxito final, permitiéndoles a los pueblos vivir en democracia y hacer el tránsito al pleno ejercicio de las libertades.
Algunos gobernantes, como se apunta en el libro Entre el perdón y el paredón, en cuyo contenido se absuelven preguntas y dilemas de la justicia transicional, en juiciosa compilación hecha por Ankelika Rettberg, investigadora de la Universidad de los Andes, acudieron al referendo para someter proyectos de amnistía a consideración del pueblo, lo cual no ha significado que no se hubiere respetado el derecho a las víctimas de conocer la verdad.
Sucedió así en Uruguay y en Guatemala, para hablar de naciones latinoamericanas.
El derecho a la paz se proclama en nuestra Constitución Política como un derecho fundamental de inmediato cumplimiento. Y si el pueblo sigue siendo el titular de nuestra soberanía, debería sometérsele a su consulta el marco para la paz que se tramita en el Congreso, para que trascienda al mundo democrático la voluntad expresada con libertad del pueblo colombiano.
La utilización de ese mecanismo está en manos del Presidente de la República, según lo prevé el artículo 104 de la Constitución Política.
O sería pertinente, también, que el legislador, a estas alturas del debate en las cámaras, lleve a referendo el Acto Legislativo para darle, eventualmente, un apoyo directo de nuestro pueblo.
Está bien que se hagan ajustes al proyecto atendiendo algunos de los reparos de la ONG que preside Vivanco -tal como el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, lo ha anunciado-, pero si se parte del razonamiento de que la paz depende más de decisiones políticas que de consideraciones de otra naturaleza, el marco de la paz que se tramita en el Congreso no debe “bloquearse” hasta el punto de ser retirado, como lo sugiere el mencionado señor Vivanco.
Proponemos, en cambio, que se haga el ejercicio democrático de someter el Marco para la paz a la decisión de nuestro pueblo. ¿Porque, cuál razón valedera puede esgrimirse para no consultarlo?
Invitamos a que los senadores y representantes reflexionen sobre la pertinencia de nuestra propuesta.
Además, siempre hemos considerado que si la paz es un derecho del pueblo, haberlo mantenido al margen de las decisiones ha sido un grave error.