Por una paz perdurable
El “Acuerdo General para la terminación del conflicto” firmado por los representantes del Gobierno y de las Farc–Ep, por su contenido pone de manifiesto la voluntad de paz de las partes dentro de un escenario apuntalado por el optimismo de los colombianos.
Esa voluntad de paz se acompañó de dos manifestaciones de gran trascendencia: la una, en el sentido de que el trámite de las negociaciones se hará por poco tiempo (“en meses” dijo el presidente Santos), y la otra, que las Farc-Ep, según palabras del guerrillero “Calarcá” desde La Habana y del comandante “Timochenko” desde la selva, no se levantarán de la mesa de negociaciones hasta izar la bandera de la paz.
Tales manifestaciones crean un escenario de expectativas fundadas para decir que esta vez estaríamos más cerca de la paz que nunca.
Con todo, preocupa que en el tejido que se ha elaborado hasta el momento, no se haya dado la puntada que podría blindar el proceso de paz de frustraciones indeseables -por hechos sobrevivientes previsibles-, si no se acompaña al proceso del alto el fuego durante el corto tiempo que duren las negociaciones, además de una veeduría internacional que garantice su cumplimento.
Creemos que los riesgos deben preverse, tanto más cuanto por no haberse previsto el cese de hostilidades la guerra continuaría sin el compromiso -que ha debido pactarse en el Acuerdo que dio a conocer el presidente Santos-, de acatar las reglas del DIH, para humanizar la guerra mientras culmina el proceso de paz anunciado.
Esa omisión preocupa y ojalá no sea tarde para plantearla en Oslo por los representantes del Gobierno colombiano.
Por otra parte, en el escenario de las concesiones se deberá complementar el Marco de Paz que aprobó recientemente el Congreso con leyes que permitan a los operadores de la Justicia actuar con mayor amplitud, en aras de superar obstáculos previsibles en relación con el tratamiento que se debe dar a los jefes guerrilleros que pacten la paz. En ese sentido, el fiscal general Eduardo Montealegre hizo observaciones pertinentes, acaso porque está pensando que si no hay claridad sobre el tema, no habría manera de ponerle punto final al conflicto.
Desde el punto de vista del apoyo popular al proceso, y con el fin de exhibirlo ante el mundo como un acto de soberanía propio, somos de la opinión de que el presidente Santos debería someter a la refrendación del cuerpo electoral de la nación los acuerdos de paz que lleguen a pactarse con la subversión. Y dentro de este planteamiento, podrá hacer uso de la atribución que le otorga el artículo 104 de la Constitución Política para que, mediante el procedimiento de consulta nacional allí previsto, los acuerdos nazcan a la vida jurídica con un apoyo democrático incontrovertible.
En nuestro reciente libro Puntadas sin dedal afirmamos que Santos estaba dispuesto a construir la paz y que nos iba a sorprender sacando la bola del estadio. Pues está en eso y hay que apoyarlo.