Control de advertencia sobre Cerromatoso
En el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la contralora general de la República, Sandra Moreli, advirtió que el contrato con la empresa Cerromatoso, que explota el níquel en el Departamento de Córdoba, había sido prorrogado sin contar con la licencia ambiental, exigencia legal que no puede soslayar ninguna empresa nacional o internacional, según previsiones claras de la normatividad colombiana.
El anuncio de la prórroga se hizo por conducto del Ministro de Minas y Energía, a cuyo despacho estaba reservada la decisión administrativa, pero la cual seguramente fue consultada con el Jefe de Estado por no ser asunto de poca monta.
La propia Contralora, en su entrevista a un diario capitalino, dijo que la grave omisión fue denunciada al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Esto es, para investigar a quienes, a sabiendas, prorrogaron el contrato sin llenar la exigencia legal que, según la valerosa funcionaria, resulta ineludible.
No se trata ahora de llamar la atención sobre la conveniencia o inconveniencia de la prórroga del contrato, sino de establecer si las empresas extranjeras, como la concesionaria Cerromatoso están eximidas de cumplir las leyes nacionales en algún caso. Un asunto trascendental que debe abordarse sin pérdida de tiempo y nos preocupa que la prórroga del contrato se hubiera conocido después de haber terminado las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso. Es decir, que los legisladores, representantes del pueblo, no hayan tenido la oportunidad de ejercer el control político que les correspondía.
Si la contralora, doctora Moreli, pasó su queja a consideración del Fiscal General, es porque considera que se actuó contra la ley, esto es, que pudo dictarse una resolución evidentemente ilegal, y eso se califica o tipifica como prevaricato por acción.
Siendo, como es, el fiscal general, doctor Montealegre, un hombre de excelente trayectoria, estamos seguros de que asumirá la investigación con la seriedad y la prontitud que exige el caso. No será ciertamente una investigación que pueda desestimarse; y en forma contraria será motivo de especial atención.
Preocupa que no se hayan escuchado los llamamientos de advertencia de la contralora Moreli. Pudo pensarse acaso que sería tolerante y permisiva, pero, como lo ha demostrado, tiene suficiente carácter para no ceder a presiones ni a otros medios de persuasión inconfesables.
Qué bueno decir que tenemos una magnífica vigilante de los intereses del Estado, razón por la cual los colombianos podemos confiar que la defensa del patrimonio público está en manos honestas.
Esperamos una respuesta a las glosas de advertencias hechas por la Contralora General de la Nación, por parte de los agentes del Gobierno que aparentemente apelaron solo a un consultor extranjero para prorrogarle el contrato a la empresa que explota el níquel de Cerromatoso.
No se trata de interpretar sólo un interés regional, como podría suponerse. En este asunto está envuelta la propia soberanía nacional y la vigencia de principios que tienen que ver con el respeto a la leyes por quienes están obligados a cumplirlas cabalmente.