A manera de réplica (I)
Y pasó el día del periodista, la exaltación de los mejores, las crónicas sobre sus héroes en la lucha por la libertad de expresión, pero ninguna autocrítica por comportamientos que, de no corregirse, minarán todos los días el prestigio que debe rodear el periodismo; hecho que no por casualidad coincide con el fenómeno del apoderamiento de los magnates de la economía colombiana de los medios de comunicación, sin que esos “nuevos dueños” de la información y de la opinión puedan mostrar tradición alguna en el oficio: del altivo e independiente que, históricamente, se ha comprometido con los grandes intereses de la Nación y no con los propios para utilizarlos como instrumentos de presión.
En ese sentido, la libertad de expresión se debe preservar de su abuso para que no entre en colisión, por ejemplo, con otros derechos fundamentales que protegen la dignidad, el buen nombre y la honra de las personas. Si se rompe ese equilibrio, solo privará un poder dominante - un poder de hecho-, pero incompatible con un Estado regido por las leyes.
Pruebas al canto. En la extensa e intensa campaña contra las altas pensiones, los cacaos dueños de periódicos y, a la vez, algunos, dueños de Fondos Privados de Pensiones, optaron por desprestigiar las pensiones públicas para captar el ahorro de los servidores del Estado, con el propósito de llevarlos a engrosar sus arcas, acaso por miedo a la deserción de miles de ahorradores que encontraron mayores garantías bajo el régimen de prima media; y habrá que deplorar que otros medios de comunicación, sin la mácula del conflicto de intereses señalado, hayan servido, sin embargo, de caja de resonancia contra las pensiones de ex servidores públicos amparadas por los derechos adquiridos, en cuanto fueron reconocidas conforme a la ley y de acuerdo con parámetros que han regido en Colombia por más de una centuria, aplicados también en gran parte de los países del mundo.
Se ha recurrido al “terrorismo financiero” para alarmar y causar pánico y odio en el país, y para incidir en las decisiones de la justicia, cuando informaciones del propio Gobierno dan cuenta de que la bomba pensional ha decrecido. (Ver informe de gestión del Ministro de Hacienda).
Se han ignorado, también, disposiciones constitucionales vigentes que suprimieron los regímenes especiales de pensiones, los cuales sólo quedaron en cabeza del Presidente de la República y de los militares, pero quienes han sido separados de las críticas por los medios de propiedad de los cacaos, interesados acaso en los halagos que les pueda deparar el príncipe desde el poder.
Y, finalmente, causa extrañeza que los grandes informantes de los medios de comunicación no hayan tenido el gesto espontáneo de revelar sus propios ingresos y su expectativas pensionales para demostrar que tienen autoridad moral para erigirse en “jueces de opinión” en el publicitado caso de las pensiones de los excongresistas y exmagistrados de la Nación.
Ojalá el pánico mediático no se haya apoderado del corazón de los magistrados que deben pronunciarse prontamente dentro del proceso de inconstitucionalidad contra la Ley Gaviria (4ª de 1992) .