Como se recordará, ante la amenaza cierta de un apagón en la región Caribe, después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el pasado 15 de noviembre la Superintendencia de Servicios Públicos se vio precisada a intervenir a Electricaribe, filial del consorcio español Gas Natural – Fenosa (GNF). Lejos de espantar el fantasma del racionamiento programado por parte de la empresa administradora del Sistema X.M por impago de la energía a sus proveedores, cada día que pasaba estábamos más cerca de esta contingencia.
Y no era para menos, al esgrimir las razones que la llevaron a tomar tan drástica decisión, el Superintendente José Miguel Mendoza adujo que la difícil situación financiera por la que atravesaba la empresa en ese momento “puede llevarla a una inminente cesación de pago”. Y de contera, añade la Resolución de la Superintendencia, “no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas”. En consecuencia, el Gobierno Nacional no podía permitir que la región Caribe se apagara y quedaran a oscuras los 2.6 millones de usuarios a los cuales les presta el servicio Electricaribe. Había que evitarlo a toda costa.
Al disponerse la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos se tomó “posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe)” y se procedió en consecuencia”. El primer paso y el fundamental que se dio con la intervención fue estabilizar financieramente a la empresa para poder cubrir las facturas por compra de energía y de esta manera conjurar el riesgo de racionamiento.
Concomitantemente con la intervención ha seguido su curso la controversia planteada por GNF contra el Estado colombiano, notificada a este el 12 de julio del año anterior. En un pronunciamiento reciente de GNF dijo que si para el 3 de marzo de este año “no se llega a un acuerdo con el Gobierno de Colombia” ello los habilitaría “para solicitar un arbitraje internacional”. Es decir, GNF se apresta a presentar la demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington. Por esta razón fue que finalizando el año anterior alertamos sobre esta eventualidad que ahora está a punto de materializarse. Y si no han dado ese paso es porque están a la espera de conocer la decisión de la Superintendencia sobre la intervención.
El Día D la Superintendencia de Servicios Públicas deberá tomar la determinación de da por concluida su intervención a Electricaribe con fines de administración y le retorno su control a GNF o si, por el contrario, continúa avante su intervención, pero esta vez con fines de liquidación. Al igual que si mantiene un solo mercado o si este se segmenta, en aras de prestar un servicio con la eficiencia, calidad y continuidad como lo manda la Ley.
*Exministro de Minas y Energía