Los recientes conflictos en torno a la actualización catastral en Colombia revelan los defectos fundamentales del impuesto predial. Es un impuesto injusto ya que, por razones de ausencia estatal, voluntad política o simple capacidad técnica, recae arbitrariamente en algunos predios más que en otros. Genera gran incertidumbre, ya que los avalúos de los predios pueden incrementar drásticamente de un año al siguiente, por lo que desincentiva la adquisición de propiedad y hace más arriesgado realizar grandes inversiones en tierra ya poseída.

Todos estos problemas sufren el agravante adicional de un gobierno abiertamente hostil a la propiedad privada, cuya ambición es impulsar desde el Estado la redistribución de tierras, una fórmula que nunca ha mejorado la productividad ni la calidad de vida rural cuando se ha intentado en el resto del continente.

Sin embargo, incluso si tuviéramos un gobernante comprometido con la libertad económica y la infraestructura estatal suficiente para mantener un catastro consistentemente actualizado en todo el país, quedaría vigente el argumento más fundamental en contra del predial: su monto es totalmente independiente de la capacidad de pagarlo. Imaginemos a un agricultor cuya cosecha fracasó a causa del Fenómeno del Niño. Sus ingresos serían menores, por lo que pagaría un menor impuesto a la renta. Seguramente consumiría menos, por lo que también pagaría menos por concepto del IVA. Sin embargo, su predial sería el mismo o mayor, efectivamente castigándolo por ser propietario de bajos ingresos. Para construir una sociedad donde el acceso a la propiedad sea verdaderamente incluyente, debemos eliminar el impuesto predial.

¿Cómo podrían financiarse, entonces, los municipios? Desde el año 2010, según datos de la OCDE, el predial ha representado entre el 3 y el 4.5% de todos los impuestos recaudados en Colombia. Con la única excepción del 2020, los ingresos correspondientes al predial eran apenas inferiores a los correspondientes a tres puntos porcentuales del IVA. Por lo tanto, si cada municipio recibiera el recaudo de los primeros tres puntos porcentuales del IVA de cada transacción gravable en sus fronteras, recibiría, en promedio, más de lo que hoy recibe por concepto del predial. Así, se podría recompensar a los gobiernos de aquellos municipios que logren incentivar más actividad económica y no a los que, por razones arbitrarias, tengan prediales más elevados o valuaciones catastrales más actualizadas.

¿El gobierno nacional está en capacidad de entregar esos recursos a los municipios? En el año 2023, estos correspondieron a un poco menos de 9 billones de pesos. Considerando el estancamiento de la economía, es difícil imaginarse que el recaudo en el 2024 vaya a ser radicalmente más alto. Por otro lado, el gasto público está creciendo a tasas desaforadas. Entre los años 2000 y 2022, este había venido creciendo en un 4% real cada año, una expansión relativamente sostenible. En el 2023, ascendió en un 8%, a pesar del lamentable desempeño de la economía. En 2024, aumentará en un 13%, el incremento más alto desde el 2002 con la única excepción del presupuesto de la pandemia en el año 2020.

Si el gobierno se limitase a ajustar el presupuesto del 2023 a la inflación, siendo este último el más grande de la historia colombiana, le quedarían 57.5 billones de pesos, suficientes para financiar la abolición del predial más de seis veces.

Eliminar el predial sería viable y beneficioso, pero para lograrlo debemos superar un reto mucho más fundamental: debemos limitar la expansión desmesurada del Estado, para que así pueda enfocarse con excelencia en las funciones que realmente le corresponden.