En reunión que el presidente Petro tuvo en Medellín con los empresarios de Proantioquia, soltó una idea que puede organizarse como un silogismo al más fino estilo escolástico, y que procuro resumir de la siguiente manera:

Premisa mayor: Los acuerdos de paz que la administración Santos firmó con las Farc miraron más hacia el pasado que hacia el futuro. El pasado es la equidad agraria de la que se ocupa el punto uno. El futuro que son la industrialización y la educación que escasamente se mencionan en los acuerdos de La Habana, dijo.

Curioso racionamiento cuando tirios y troyanos han convenido siempre que las raíces del conflicto colombiano -que era el que se buscaba superar- se originan en el problema de la tierra.

Pero esta no es la parte de la premisa que quiero comentar ahora. Deseo referirme es a la segunda parte de la conferencia desarrollada en Medellín por el jefe de Estado ante el curubito de los empresarios paisas.

Según Gustavo Petro los acuerdos de paz alcanzados con las Farc durante el gobierno Santos adolecen de una grave falencia: no se ocuparon de negociar el modelo económico. Recordó peyorativamente a Juan Manuel Santos por haber dicho que el “modelo económico” no se discutía pues era una línea roja que no debía traspasarse en los diálogos con la guerrilla. Gustavo Petro apostilló desde Medellín diciendo que él iba a enmendar ese error, y que estaba pensando en negociar el modelo económico dentro de las instancias que contemplan los mismos acuerdos de paz. La agenda que se concluyó en ciudad de Méjico con el Eln tiene también puntos que podrían interpretarse como el deseo de negociar el modelo económico colombiano.

Premisa menor: Resulta que toda la arquitectura del llamado “modelo económico” se encuentra consagrado en la constitución del 91. Es allí donde reposan los principios de la “economía social de mercado” que inspira toda nuestra carta política; y que según el corresponsal del País de España fue duramente fustigada por la delegación de los alzados en armas durante la última ronda de conversaciones que concluyó recientemente en ciudad de Méjico.

Es en la Constitución del 91 donde encontramos consagrados los principios a la libre competencia y a  la libertad de empresa; la formulación de que los servicios públicos pueden ser prestados tanto por el estado como por los particulares; donde se nos recuerda que el Estado debe intervenir en la marcha de la economía pero para remediar fallas del mercado o comportamientos monopólicos; donde se dice paladinamente que el Banco de la República es un banco emisor independiente de los caprichos gubernamentales; donde, en fin, se establecen límites a los derechos ciudadanos pero manteniendo siempre el espacio invulnerable de la iniciativa privada y del libre mercado.

La Constitución del 91 no es una carta estatizante. El Estado interviene cuando es necesario, pero no sofoca la iniciativa ni la empresa privada. Alguien ha calculado que no menos de un tercio de las normas de esta Carta Política del 91 tienen que ver con el andamiaje del “modelo económico”.

Conclusión del silogismo: La conversación del presidente Petro con los empresarios antioqueños conduce, entonces, a una conclusión obligada como en todo buen silogismo: si desea abrir la discusión sobre el “modelo económico” forzosamente tendrá que debatirse sobre la orientación económica de nuestra Constitución.

¿Cómo lo piensa hacer el gobierno? No se sabe. Solo se conocen las primeras puntadas del silogismo que soltó ante los empresarios antioqueños. ¿Será una constituyente lo que tiene en mente una vez salgamos de la catarata de reformas que están llegando al congreso? Esto lo sabremos en los meses venideros.

A no ser, claro está, que lo dicho por Petro en Medellín, solo tuviera como propósito pegarle un susto al conspicuo auditorio que lo escuchaba.