Hace poco celebramos la decisión de protección judicial, tomada en Ibagué en favor del canino Clifor y la familia Lozano Cárdenas, amparando el derecho a existir en un hogar multiespecie. Era la primera decisión concreta en el país que acogía esos derechos, de un lado respaldó el del animal no racional a vivir y el de la familia animal racional a integrarlo bajo su techo. Hoy celebramos la decisión del pasado 16 de julio adoptada por el Juzgado Civil del circuito de Gachetá que protegió la familia multiespecie conformada por Luz Adriana Rueda Gallo, cuatro perros Golden Retriever y dos pequeños gerontes rescatados.
Los Rueda Gallo viven en un conjunto residencial ecológico, en un espacio de poco más de 3.000 metros cuadrados, lentamente las dinámicas de la convivencia fueron poniendo a este hogar multiespecie contra las cuerdas, a alguna vecina le molestaba el ladrido de los perros. Pretendió imponer rutinas de ladridos, deyecciones, paseos, en fin, cuanto pudo para garantizarse su sagrado derecho al silencio matutino y vespertino, solo le faltó limitar el número de pulgas por perro, sugerir el tipo alimento para hacer más aromáticas sus excretas y algún tipo de enjuague bucal para garantizar el buen aliento de los perros.
La vecina al verse ignorada por los canes, que seguían haciendo lo que su naturaleza les impone: ladrar, comer, beber, deyectar, pasear y dormir, acudió a la junta de administración, con senda queja por la alteración de la convivencia, que ni corta ni perezosa procedió a impartir justicia multándola con cien mil pesos por extralimitar el número, máximo tres, de mascotas autorizadas en el reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia, de paso la conminó a deshacerse de tres de sus familiares peludos para “regularizar el cumplimiento”.
Ni Luz Adriana ni los canes tuvieron el derecho a ser escuchados y, tal vez a dar a conocer que los rulos, el color de las sudaderas, las groserías o la ausencia de tapabocas de la vecina quejosa afectaban la convivencia. Roma locuta causa finita, asumieron los honorables censores. La familia, con el apoyo de la concejal animalista Andrea Padilla, llevaron el asunto a instancias judiciales donde, en segunda instancia el Juzgado de Gachetá encontró, con sobrada razón, violados los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar, ordenando la inaplicación de la norma que establecía el número máximo de mascotas en la copropiedad, por resultar definitivamente desproporcionada.
Con esta decisión la justicia da otro paso en la protección efectiva de la familia constituida entre animales racionales y no racionales, protege la comunidad de afectos y su derecho a compartir techo, a recrearse paseando en espacios verdes, a que nuestros compañeros de cuatro patas satisfagan sus necesidades en espacios abiertos, tal como ha sido su natural e histórica costumbre, a no verse privados de comunicar sus experiencia a través de ladridos, es en definitiva un espaldarazo a la familia multiespecie.
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