Uno de los constituyentes de 1991 dijo que: “sostener que el pueblo tiene derechos inexistentes a cargo del Estado, mediante los cuales habrá de satisfacer sus necesidades básicas sin esfuerzos de su parte, es crearle la conciencia de que es un afortunado invitado del Estado y de la sociedad al festín de la vida, en la que será solícita y generosamente atendido desde la cuna hasta la sepultura. Es, pues, un criterio populista y corruptor, fuera de la realidad, que condice a la indiferencia e indolencia de los ciudadanos respecto de la gestión administrativa, y, consecuencialmente, a su fracaso, con la inevitable reacción popular”.

Las anteriores palabras fueron palabras pronunciadas por Raimundo Emiliani Román (1914-2005) quien, como docente de la Universidad Sergio Arboleda, compartió una reflexión sobre la constitución política recién expedida en 1991 que sería transcrita y titulada como “Los llamados Derechos Humanos en la nueva constitución”. Dicho diagnóstico fue, sin duda, premonitorio: la “inevitable reacción popular” ante la “gestión administrativa” incapaz de cumplir con “derechos inexistentes a cargo del Estado”, es lo que vimos en el grotescamente llamado “estallido social” de 2021. La consecuencia lógica de dicha inconformidad no se haría esperar: la apuesta por un cambio con la elección presidencial de Petro.

Ahora que el presidente propone una constituyente es evidente que la promesa del “Estado Social de Derecho” acordado en 1991, de que los colombianos tienen derecho a la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la cultura, la recreación, el deporte y un ambiente sano, no se ha logrado cumplir o por lo menos de manera satisfactoria. Y es que no se ha cumplido porque no se puede cumplir: sencillamente una necesidad no es un derecho, es decir, algo que podamos reclamar a nuestros semejantes y al Estado que nos lo garantice solo por el hecho de pedirlo. En el esfuerzo de cumplir con los llamados derechos económicos, sociales y culturales, mencionados al inicio de este párrafo, el Estado colombiano se ha visto abocado a una carrera desenfrenada por buscar los recursos con los cuales garantizar dichos “derechos”.

Sin embargo, por un buen tiempo se pensó que lo que se requería para garantizar dichos “derechos” era alentar el crecimiento económico suficiente, que a su vez permitiera una redistribución de la riqueza. No otra cosa es lo que proponía Juan Manuel Santos en 1999 en su libro “La Tercera Vía: una alternativa para Colombia” y tan bien reseñado por uno de sus mejores pupilos, Iván Duque Márquez, ese mismo año en una columna de El Tiempo titulada “La tercera vía no ha muerto”. Allí es explícito en la idea de que se necesita capitalismo (crecimiento económico) para tener socialismo (redistribución de la riqueza), o como bien dice el lema de la Tercera Vía: tanto mercado como sea posible, tanto Estado cuanto sea necesario.

No ha habido gobierno en Colombia desde entonces que no haya aplicado las ideas de la Tercera Vía con miras a cumplir los objetivos del “Estado Social de Derecho”, forzando un matrimonio entre capitalismo y socialismo, que no ha dejado contentos ni a los partidarios de la primera vía (capitalismo) ni a los de la segunda (socialismo). Por lo que sería apenas lógico que alguien buscara el divorcio de esa infeliz pareja, pero claramente inclinándose en favor de una de las partes a costa de la otra: es lo que está haciendo Petro al inclinarse por el socialismo, a costa del capitalismo, pues el “Estado Social de Derecho” no puede pagarse de otra manera.