Presunción de mala fe
Se supone que el Estado, en sus orígenes, se organiza a partir de la confianza mutua de todos y cada uno de quienes concurren a su formación. Esta hipótesis es válida, independientemente de las teorías que se consulten, trátese de la propuesta por Hobbes o la explicada por Rousseau. En últimas, se sostiene, la comunidad humana se refugia en una organización que le brinda protección. También, y desde otro punto de vista, las Sagradas Escrituras describen la unión de los pueblos motivada por el afán de supervivencia. En síntesis, se piensa que la buena fe es una premisa sine qua non para comprender el Estado. De ahí que Loewenstein afirme que “La historia muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre y cómo el poder a su miseria”. Y se agrega, el mejor antídoto es la independencia del juez supremo.
La introducción al tema no tiene otra razón que analizar el divorcio que se advierte ahora entre el Poder Judicial y el Militar, evidenciado a partir de la discusión en el Congreso del Canon Constitucional sobre la enmienda al fuero castrense al término de las sesiones del año que finaliza. La discusión parte de la desconfianza mutua que se tienen las dos caras de la misma moneda en cuanto tiene que ver con el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.
Nadie desconoce que el fuero castrense es una institución de vieja data pero tampoco que la práctica de su ejercicio ha dejado malas experiencias. El caso Dreyfus, es un ejemplo. Regímenes despóticos se han encubierto con el apoyo de los tribunales militares. Igualmente, la justicia ordinaria o tribunales civiles aplaudieron al Führer y pusieron a su servicio la coacción de su imperio. El que se sienta libre de culpa que tire la primera piedra.
Para eliminar las dudas y recobrar la fe perdida el constitucionalismo ha organizado mecanismos de control del poder por el poder; en otros términos, ha implementado la democracia para que sea un sistema real de gobierno justo y no un homenaje a la bandera; que ninguna autoridad del Estado goce del privilegio de ejercer un poder omnímodo.
Nadie debe oponerse a que los miembros de la Fuerza Pública sean juzgados por sus pares, hay razones de orden, históricas, que justifican esta justicia especial; lo que no se debe admitir en ningún caso y bajo ninguna circunstancia y para no regresar a épocas de ingrata recordación, es que la justicia castrense se convierta en un Estado dentro del Estado. La desconfianza en la justicia ordinaria, aducida como argumento para justificar el fuero que se discute, no puede ser de recibo, pues admitir semejante alegato es suponer una conspiración contra las instituciones de la República. Mucho menos es de recibo que la Fuerza Pública baje la guardia para presionar al Constituyente a fin de que acepte sus exigencias.