El Estado de los Jueces
“Su visita a las cárceles debió dejarlo consternado y perplejo”
EL Gobierno enmendó el grave error de la pasada administración y restituyó el Ministerio de Justicia, encargando de ese despacho a Juan Carlos Esguerra, acreditado abogado y catedrático que conoce el meollo del problema. Algunos politólogos, consejeros del ex Uribe, sostienen que esta cartera es innecesaria, porque en un país donde no hay Justicia para qué ministro. Y parece que el bautizo de sangre que recibió el doctor Esguerra es de por sí una señal de alarma; su visita a las cárceles debió dejarlo consternado y perplejo. Buena partida para comenzar el estudio de la reforma a la Justicia que se propone al Congreso.
¿Cuál es el motivo de la reforma que se proyecta? ¿Será acaso corregir el drama de la Justicia, principalmente en materia penal, en un país donde todo se castiga y no se educa? ¿Se pretende hacer de la Justicia una administración ágil y eficiente? Todo indica que aun cuando esto se halla en el tintero, el motivo oculto puede ser otro. El senador Corzo, presidente del Congreso, con premura confesó una de las intenciones de la reforma ¡y se apresuró a proponer el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria! También se anuncia que se consagrará la doble instancia en los procesos penales y disciplinarios contra los aforados. Igualmente hay consenso en reformar la tutela y restarles competencia a los jueces en esa jurisdicción.
En ese orden de ideas, se supone, que de lo que se trata es de restablecer el equilibrio en la lucha de poder y colocar al aparato judicial en el punto que le corresponde, esto es, el de operador o administrador de justicia y de ninguna manera como detentador de poder político. Acabar con el choque de trenes. No se puede tolerar la “dictadura judicial”. Todo lo contrario, es preciso restablecer el Estado de los Jueces, de manera que la voluntad de la ley sea reconocida por el juez ciegamente, como es reconocida la voluntad del Gobierno por los soldados que están siempre al servicio y a discreción del Rey. Los magistrados y los generales son postulados por el Presidente y su remuneración la aprueba el Congreso. La insatisfacción judicial -sed de justicia- del pueblo es parte de la servidumbre de miedo que debe soportar el hombre para admitir el poder soberano y protector del déspota, siguiendo a Hobbes.
No cabe duda que las muestras de independencia que han dado últimamente los jueces no son del agrado de los detentadores del poder político. De ahí que suponer que la reforma acabe con la Comisión de Acusaciones es soñar con “garzas preñadas”. Así lo piensa el doctor Uribe. Lo ideal es mantener el aparato judicial en las condiciones de precariedad jurídica y administrativa que siempre ha tenido “para que no ocupe espacios políticos y sociales en que iría en contra de las mismas necesidades del sistema”. (La independencia del Juez - Dieter Simon).