BITÁCORA DE LA COTIDIANIDAD
Imprudente solidaridad
CON gran despliegue los medios de comunicación divulgaron la reunión del Gobierno con los representantes y dirigentes de las fuerzas políticas, anunciando su solidaridad con la decisión de asilarse en su soberanía interna para sustraerse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y así, se supone, blindarse contra la acción que Nicaragua intenta para reclamar “un derecho” en el Mar Caribe.
El argumento de hecho, ante la Corte de La Haya, esto es, sustraerse a la continuidad del juicio, abandonando el banquillo, no es una estrategia nueva, todo lo contrario, ha sido una actitud corriente de los rábulas, desde los romanos, y con esa ausencia buscar que se dilaten las causas con la esperanza de que con el transcurso del tiempo varíen las condiciones dentro de las cuales se enmarca el procedimiento judicial.
Por supuesto que esa estrategia, además de los riesgos que implica, en el campo del derecho internacional, pone a riesgo la respetabilidad de la Nación dentro del concierto mundial en la medida de que plantea la burla descarada a los tratados, partiendo del principio “Pacta Sunt Servanda” según el cual las partes de un acuerdo internacional deben respetarlo y cumplirlo de buena fe, regla que debe interpretarse en el sentido de que los tratados exigen conductas “Bona fide”, salvo cuando pueda invocarse, oportunamente, la cláusula “Rebus Sic Stantibus” , o sea, la posibilidad de que una de las partes se retire , en cumplimiento de las condiciones que consagra el artículo 56 de la Convención de Viena.
No cabe duda de que existan motivos para poner en tela de juicio la entereza de la Corte; en el mundo del Derecho y los conflictos que el genera es habitual que se imponga no la razón sino el interés (Síndrome Pretelt); no obstante, es preciso propender por el imperio de la Justicia y no caer en actitudes que aplaudan la conducta de los rábulas y tinterillos que ordinariamente suelen vivir más de los honorarios que de las satisfacciones espirituales que prodiga la defensa apostólica de la justicia.
El asunto, en el fondo, tiene que ver con la Ética del Estado, pues apelar a la figura del “reo ausente” como defensa del acusado en contumacia, no solamente mancilla la imagen de la República sino que constituye un ejemplo que cala en las mentalidades vulgares y pone en tela de juicio su autoridad moral.
Hay que inferir que Cepeda y Arrieta, los voceros excelentemente remunerados de la Nación, ante el fracaso de su gestión y el abandono de su oficio ante el estrado judicial, tendrán el gesto de dignidad de renunciar a sus jugosos honorarios, así como han admitido su incapacidad intelectual y jurídica de continuar defendiendo los intereses de Colombia frente a las pretensiones de Nicaragua. Es lo mínimo que el pueblo espera ante semejante equívoco. Otros profesionales, más correctos, han opinado en términos de juristas acerca de la salida inteligente y digna de este impasse.