PRISMA
Las bacrim, un problema
PARA nadie es un secreto que las llamadas bandas criminales se han constituido en un ingrediente perverso para la perspectiva nacional. Sus raíces son bien complicadas ya que aunque en un comienzo fueron reconocidas como grupo disidente de las autodefensas, posteriormente se alimentaron con la delincuencia de heterogéneos niveles, lo que las llevó a diferenciarse de otras organizaciones movilizadas en armas. De la misma forma no tuvieron filosofía ni objetivo diferente a sus intereses económicos personales y para lograrlos están dispuestas a realizar actividades delictivas de toda índole, haciendo de la comunidad su botín o víctima.
Su recorrido por todas las experiencias en diferentes organizaciones delictivas las hicieron unas bandas de gran potencialidad y tamaño, con abundante armamento y accionar por todo el territorio nacional. Además, su paso por agrupaciones delictivas de mayor trayectoria les permitió asimilar el manejo logístico y administrativo de la guerra, que es el primer paso para organizar movimientos armados, destinados y azuzados para operar en zonas rurales con independencia y solvencia. Definitivamente la presencia y accionar la de las bacrim, buscando hacerse notar en el panorama nacional, se ha constituido en un problema para el país y el Gobierno, pues de cara a las negociaciones en La Habana no dejan de ser un punto negro y, a lo mejor, generadoras de debates innecesarios hacia la firma de paz.
Por mas protagonismo que quieran tener ante el país no dejaran de ser bandas criminales, que aprovechando la política de paz adelantada por el Gobierno, aspiran a colarse en el programa buscando acuerdos o negociaciones, para lo cual se quieren mostrar fuertes y capaces de paralizar regiones neurálgicas de Colombia; actividad para la que se valen de momentos coyunturales.
Es importante que el Gobierno le ponga el cuidado al tema, sin permitir más protagonismo ni dimensionamiento de dichas estructuras. Recordemos que se trata de delincuentes redomados y experimentados en los combates, que se han dedicado a las extorsiones, la minería ilegal y muchos otros frentes delictivos, estadios donde la fuerza pública debe hacer presencia y combatir con toda la fortaleza que la situación amerita, identificando el fenómeno como un nuevo enemigo que pude dar al traste con las negociaciones de paz.
Este reto podrá demostrar una vez más que la alianza de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tiene la capacidad de cerrar el paso a todo tipo de amenazas contra las estructuras y la democracia; sabemos que el primer movimiento estratégico consistirá en ubicarlos mediante labores de inteligencia con apoyo comunitario, además de crear medidas drásticas y ejemplarizante contra estos grupos. El resto queda en manos de la fuerza pública.