En las movilizaciones populares del pasado 27 de septiembre, que resultaron financiadas en buena parte con recursos del presupuesto nacional, el presidente Petro hizo algunas reflexiones sobre lo que entiende como “el gran acuerdo nacional”.

“El gran acuerdo nacional” lo ha venido mencionando el jefe del Estado como una muletilla que repite permanentemente en sus alocuciones. Pero fue solo hasta el este discurso que empezó a concretar lo que se entiende con ese enunciado.

Según la versión que se ha divulgado de su intervención en la Plaza de Bolívar aquel día, se entiende por gran acuerdo nacional un pacto con la oligarquía colombiana -estas son sus palabras- y la cabeza del Ejecutivo, para que sin que este último “tenga que arrodillarse ante nadie” se llegue a un consenso sobre tres grandes temas: la verdad, la educación y la tierra.

Dentro de esta perspectiva las otras grandes reformas que están llegando al Congreso o que van a llegar, quedarían por fuera del “gran acuerdo nacional”. Éstas, entonces, y como es natural, deberían ser concertadas con los partidos políticos en el seno de las cámaras legislativas. Sea dicho de paso que una buena parte de estas reformas ni siquiera se ha radicado todavía en el Congreso, ni tampoco han sido cuantificadas fiscalmente. Falencia que pesa como una piedra de molino en el cuello de la sostenibilidad fiscal futura del país.

Pero volvamos un momento a lo que dijo Petro que eran las tres columnas del “gran acuerdo nacional”.

En primer lugar, habla de la verdad. Se entiende que se refiere principalmente a los juicios que se están adelantando en la JEP, y muy concretamente al destape de responsabilidades que de allí se derivan, en lo concerniente a las desapariciones forzosas sobre las cuales se han venido presentando en esta jurisdicción evidencias escalofriantes; las últimas de las cuales se refiere a lo acontecido en el departamento del Casanare.

Lograr un gran acuerdo nacional de respaldo a este meritorio trabajo que viene adelantando la JEP no debería ser imposible. En realidad, el único grupo político que mantiene sus destempladas descalificaciones a la JEP es el que encabeza el expresidente Álvaro Uribe.

Se trata de un asunto que debe aceptarse, no solo por los oligarcas a los que se refiere Petro, sino por toda la comunidad colombiana. El reconocimiento de la legitimidad en los procesos que viene adelantando la JEP es elemento fundamental en la aclimatación futura de la paz en nuestro país.

El segundo pilar que según el presidente debe sostener este “gran acuerdo” es el de la política agraria, y muy especialmente lo relacionado con la entrega de tierras a los campesinos a través del gran fondo que aspira distribuir 1.5 millones de hectáreas durante este gobierno.

El gobierno Petro ha dicho que, en esencia su programa agrario se centra en desarrollar el punto número 1 de los acuerdos con las Farc en La Habana, que trata justamente sobre la transformación rural integral.

El hecho de que el término de referencia del actual gobierno para avanzar en una reforma agraria lo haya concretado en desarrollar el punto número 1 de los acuerdos de La Habana es algo positivo, que debería ayudar a concretar el pilar número 2 de esbozado “gran acuerdo nacional”.

En efecto, el número 1 de los acuerdos de La Habana fue quizás el que se trabajó con mayor esmero. Su discusión tomó cerca de dos años y convocó a las mejores inteligencias del país sobre el tema del desarrollo rural. Se trata de un programa multianual que habrá de desarrollarse durante el llamado post conflicto, y no trata solamente de distribuir 3 millones de tierras peladas a los campesinos sino, además, de acompañar este esfuerzo distributivo de otro de no menor envergadura como es la formalización de 7 millones de hectáreas y la dotación de bienes públicos en los espacios rurales de Colombia.

No se ve porqué la ratificación de los propósitos del punto número 1 de lo acordado en La Habana no pueda convocar un núcleo suficiente de opinión favorable para construir el segundo propósito del “gran acuerdo nacional”.

Habrá, si, que hacerle retoques a la formulación que recientemente se le ha hecho a través de un proyecto de decreto divulgado por el Ministerio de Agricultura para comentarios, que da la impresión equivocada de que el único camino en el que está pensando la administración Petro para distribuir tierras es el de la figura de la “extinción de dominio”. Figura que viene desde la ley 200 del 36 y que puede aplicarse cuando se quebranten principios de adecuada explotación o de respeto a los postulados ambientales.

Pero lo más inquietante de este proyecto de decreto es que la extinción de dominio se presenta como un mero proceso administrativo cuya ultima palabra la tendría una unidad gubernamental subalterna como es la Agencia Nacional de Tierras. Es indispensable que estos procesos de extinción de dominio tengan una segunda instancia que debe ser el ámbito jurisdiccional para evitar cualquier suspicacia que se pueda presentar. La reciente creación por el Congreso de la jurisdicción agraria nacional es una buena ocasión para que sea ella quien diga la última palabra cuando se presenten conflictos a resolver con motivo de la aplicación para fines de reforma agraria de la figura de “extinción del dominio”.

Debe aclararse también que la “extinción del dominio” en los predios rurales es apenas uno de los varios caminos que el gobierno tiene a su disposición para formar el acervo de tierras que se van a utilizar con fines de reforma agraria. Además, es indispensable pensar en la adjudicación de baldíos que, de acuerdo con luminosa sentencia reciente de la Corte Constitucional, solamente pueden utilizarse para fines asociados a la reforma agraria.

El último pilar que mencionó el presidente es el relacionado con la reforma educativa que está preparándose. Si realmente se quiere llegar a un gran acuerdo nacional sobre este tema resulta indispensable que el gobierno tome nota de las observaciones que ya han formulado a los borradores de reforma los voceros de las grandes universidades privadas del país. Que no pueden desconocerse olímpicamente si es que efectivamente se quiere llevar este asunto a la agenda del gran pacto nacional.

En síntesis: después de las puntadas que soltó el presidente Petro este 27 de septiembre sobre lo que entiende como la agenda de un gran pacto nacional, ésta empieza a hacer el tránsito de una simple muletilla a algo, aunque muy vago todavía, que comienza a tomar forma.

Veremos si efectivamente el espíritu constructor de un gran pacto nacional pasa ahora al terreno de las formulaciones concretas.