En columna anterior abordamos la preocupante aparición de las guardias campesinas, grupos que, bajo la supuesta defensa del campesinado, han asumido funciones que corresponden exclusivamente a la Fuerza Pública. Estos grupos, apoyados por organizaciones extrañas, han generado un clima de inseguridad y confusión en diversas regiones rurales del país, convirtiéndose en una amenaza velada para la paz y el orden.

En ese momento, hicimos un llamado tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República para que tomaran medidas urgentes y contundentes con el fin de neutralizar estos movimientos ya que la inacción podría resultar en el fortalecimiento y expansión de estas guardias, transformándolas en fuerzas difíciles de desmontar en el futuro.

Es crucial preguntarnos: ¿Qué piensan estos dos órganos del poder sobre este tema? ¿Qué acciones concretas están dispuestos a tomar para enfrentar esta creciente amenaza?

La falta de una respuesta clara y decidida podría agravar la situación, enviando un mensaje de permisividad alentando a otras organizaciones a seguir el mismo camino. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas, con un enfoque estratégico.

Un primer paso debe ser la identificación plena de sus componentes, incluyendo los organizadores, integrantes permanentes y eventuales, así como el registro y procedencia del recurso económico que los sustentan. Una organización de este tipo no surge de manera espontánea, debe estar respaldada por una estructura que sigue objetivos claros y alcanzables. No podemos permitirnos el lujo de pensar que estos conjuntos emergieron únicamente con la intención de proteger al campesinado y la ruralidad. La realidad podría ser más compleja y peligrosa. Si no esclarecemos su procedencia, fines, destino, componentes y recursos, estaríamos cerrando los ojos ante una amenaza que podría escalar, poniendo en jaque la seguridad nacional.

Es imperativo que el Gobierno y el Congreso asuman la responsabilidad de abordar este problema con la seriedad y urgencia que requiere, esto no es solo materia de seguridad pública, sino de estabilidad nacional ya que no podemos permitir que fuerzas ilegales e ilegítimas se consoliden en nuestras regiones rurales, bajo la apariencia de defensores del campesinado.

La gran recomendación en este momento es clara: actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Las guardias campesinas representan una amenaza que no puede ser ignorada. Desmontar estas organizaciones, neutralizar su influencia y restaurar el control del Estado en todas las regiones, es una tarea urgente, solo a través de una acción decidida y coordinada podremos asegurar que la paz y la justicia prevalezcan en el país.

Es nuestra responsabilidad como nación garantizar que ningún grupo armado se erija como autoridad en nuestro territorio. Hay que ser claros: la paz y seguridad de las comunidades rurales dependen de la firmeza con la que enfrentemos esta amenaza, por ello es hora de actuar con determinación y la claridad de que el futuro de nuestra nación está en juego.