Ajustes
La seguridad democrática es motivo de inquietud agudizada por el atentado al exministro Londoño. Algunos sostienen que era más efectiva durante la gestión presidencial de Álvaro Uribe. Otros afirman que la situación comenzó a empeorar antes de agosto 7, 2010. Varios piensan que la situación real no ha desmejorado tanto como la percepción de la misma. Parece que el gobierno actual se demoró en implantar los cambios requeridos de estrategia en respuesta a los ocurridos en la acción de las Farc. Es, tal vez, correcto creer que el debate tiene sesgos políticos. Los golpes espectaculares a las Farc, en el Meta y Arauca, les darían la razón a los seguidores del Gobierno Nacional pero expertos, como el general Sergio Mantilla, consideran que la guerrilla no está derrotada.
La continuidad de la actuación subversiva, y los costos inherentes, sustentan la convicción de iniciar negociaciones tendientes a finalizar el conflicto interno por parte de entendidos como León Valencia.
Se dispone, según fuentes periodísticas, de la nueva estrategia militar, cuyos rasgos se resumen a continuación. No se busca aniquilar a las Farc, sino forzarlas a negociar. Se han definido veinte áreas geográficas a cargo de siete fuerzas de tareas. Los “objetivos de valor” ya no son los jefes máximos de las Farc, sino los comandantes de frente y los jefes de finanzas y narcotráfico. Se incrementa la defensa de la infraestructura. Se intensifica la cohesión interna de los grupos de inteligencia. La fuerza pública actuará en grupos más pequeños. Se resolverá el problema de la inseguridad jurídica, v.g con el fuero y la justicia penal militar. Se mantendrá la incorporación de tecnología avanzada ya no solo en helicópteros, sino con aviones espía no tripulados (drones). Seguirá la cooperación técnica con naciones avanzadas y con países vecinos.
Hasta aquí el componente bélico pero falta lo no militar, o de estrategia indirecta, visto como de mayor relieve. Sería la presencia del Estado a través del plan consolidación (salud, educación, justicia, infraestructura, policía, ejército, etc.), seguido por el avance económico complementado por política agraria y desarrollo rural, incluyendo la reforma agraria. Lo anterior formaría parte del capítulo de inversiones en el presupuesto nacional y conviene insistir en una política fiscal prudente a fin de mantener el esfuerzo a lo cual contribuye, por ejemplo, la defensa del Estado frente a las demandas.