El principal deber del Estado de cara al proceso electoral que se avecina es garantizar unas elecciones libres, sin restricción alguna para el ejercicio del voto y mucho menos del derecho de los ciudadanos a postularse a cualquiera de los cargos de elección popular que se elegirán en octubre.

El comunicado de las llamadas disidencias de las Farc-Ep amenazando y restringiendo los derechos políticos de ciudadanos de varios departamentos, debe poner en máxima alerta a las autoridades; no es posible que volvamos a las épocas del pasado, cuando se suspendían elecciones por la intimidación de grupos al margen de la ley. Es muy grave lo que vienen advirtiendo autoridades nacionales y hasta los mismos gobernantes, en relación con lo que ocurre en Putumayo, Cauca, Meta, Nariño y Norte de Santander, puesto que ello significa que probablemente terminen imponiéndose candidatos auspiciados por estos grupos terroristas.

El anuncio publicado por las disidencias merece no solo un rechazo contundente, sino toda la acción del Estado frente a unos insurgentes que quiere debilitar nuestra democracia. Hace mucho tiempo no se escuchaba en el país a un grupo al margen de la ley señalando que tiene “control político militar” en ciertas regiones y que, además, se atribuya el derecho de informar a políticos que pretendan “desarrollar las campañas electorales”, que deben desistir de ingresar a esas áreas porque serán devueltos de estos territorios.

El incremento de las acciones armadas y las amenazas contra dirigentes políticos, cuando ni siquiera ha iniciado la campaña, es una evidencia de que el proceso electoral será difícil y habrá que blindarlo de la mejor manera. Por tanto, se hace necesario convocar de manera urgente las comisiones regionales de seguimiento electoral, que, con la presencia del Gobierno Nacional, la autoridad electoral y los órganos de control, haga monitoreo permanente de lo que viene ocurriendo en ciertas regiones.

De otro lado, es urgente revisar la llamada trashumancia electoral o más conocida como el ‘trasteo de votos’, pues ya se vienen advirtiendo algunas alertas según las cuales se ha venido disparando la inscripción de cédulas en algunas localidades del país. Me temo que muchas de estas inscripciones puedan ser irregulares y terminen influyendo en los resultados electorales de ciertos municipios.

En las pasadas elecciones territoriales, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto más de un millón de cédulas presuntamente inscritas de manera irregular, lo que evidencia que esta práctica es reiterativa en el país. Posiblemente, existan delincuentes que se dedican a instrumentalizar personas para ofertar y negociar votos a favor de un determinado candidato. Es bueno recordar que esta práctica es un delito conocido como fraude en la inscripción de cédulas, a la luz del artículo 4º de la ley 1864 de 2017, según el cual: ¨El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años…¨. 

Los derechos políticos son también derechos fundamentales y deben ser protegidos por todas y cada una de las autoridades del Estado.