La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- está adelantando una labor trascendental. Las audiencias que ha venido convocando para escuchar a víctimas y victimarios en los casos de los denominados “falsos positivos” nos han permitido corroborar, tras años de impunidad, que no se trató de casos aislados -como se dijo siempre- sino de toda una política criminal.

Según cifras entregadas por la JEP, seis mil cuatrocientas dos (6.402) personas inocentes fueron asesinadas a sangre fría por miembros de la Fuerza Pública, en colaboración con paramilitares, y presentadas como delincuentes dados de baja en combate. Es decir, no solo fueron víctimas de tan horrendos crímenes sino calumniadas, sin haberse podido defender, porque la calumnia era posterior a su muerte.

Quién esto escribe no compartió los procedimientos aplicados en 2016 para desarrollar normativamente el Acuerdo Final de paz firmado entre esa organización guerrillera y el expresidente Juan Manuel Santos, pero hoy debe reconocer que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz fue un acierto, en búsqueda de la verdad -que el país está conociendo-, la justicia, la reparación -que las familias de las víctimas han esperado y todavía esperan- y la garantía de no repetición. Si no fuera por la JEP, es muy probable que la impunidad se hubiera prolongado y consolidado. Aunque es evidente que falta mucho para que esa justicia se concrete y para que recaiga sobre todos los responsables.

Se dice que la justicia cojea, pero llega. Ha cojeado mucho más de lo habitual en lo que toca con estos horribles crímenes, pero ya comienza a acercarse, y lo que todos esperamos es que se haga justicia en todos los casos, y que sean sancionados todos los responsables -menores, medianos, altos y máximos-.

En las audiencias hemos podido percibir que muchos de ellos están sinceramente arrepentidos y dispuestos a decir toda la verdad. Así lo esperan las víctimas y lo reclama el país entero.

Como lo hemos manifestado varias veces, respetamos y respaldamos a nuestra Fuerza Pública, a la cual debe mucho el pueblo colombiano, desde la Independencia hasta hoy, pero una cosa es ese  reconocimiento, y otra muy distinta ignorar hechos tan graves como los que están saliendo a la luz, tanto en el caso de los llamados “falsos positivos” -verdaderos crímenes de lesa humanidad- como en el ocurrido recientemente en Tierralta (Córdoba), cuando militares disfrazados de miembros de organizaciones subversivas atacaron, amenazaron y maltrataron a habitantes de la población -incluyendo mujeres y niños-.

La institución militar debe ser preservada. Ha resguardado las instituciones y protegido la vida y los bienes públicos y privados; por regla general, sus integrantes han mostrado entrega y valentía; y muchos han entregado su vida cumpliendo el deber. Desconocerlo sería injusto. Pero, precisamente por su honor y respetabilidad, no debe permitir que indignos miembros suyos la traicionen y avergüencen. La más interesada en que no haya impunidad por hechos tan graves como los descritos -anteriores y actuales- es precisamente la Fuerza Pública, en coordinación con la Justicia, el Gobierno y los órganos de control.

Adelante los procesos, y que se realicen los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.