Proceso nuevo, enemigos viejos

El presidente Santos, como casi todos sus antecesores -Álvaro Uribe incluido- ha iniciado “acercamientos exploratorios” con las Farc, con el propósito de adelantar un proceso de paz que ponga fin al conflicto que nos desangra hace más de 50 años. Y al igual que en conversaciones anteriores, también éstas empiezan con esperanzadoras expectativas de la mayoría y con la señalada oposición de las minorías guerreristas de siempre.

Probablemente el Estado colombiano nunca ha tenido mejor posición para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla que en la época actual. Los éxitos militares que han diezmado la cúpula de la subversión y han disminuido notablemente el número de sus efectivos de base, por bajas o por desmovilizaciones, son ventajas estratégicas que no tuvo ninguno de los presidentes anteriores que también intentaron un proceso de paz.

Y, también probablemente, las Farc nunca han estado peor posicionadas para cualquier proceso que en la actualidad. No sólo han perdido a la mayoría de su dirigencia histórica, sino que la política gubernamental de estímulo a las desmovilizaciones individuales ha hecho mella en los números reales de sus efectivos.

Aparte de lo anterior, la evolución política que el mundo ha experimentado después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la severidad con que la sociedad civilizada reprime cada día más conductas como el secuestro, el reclutamiento de menores o la práctica de actividades terroristas, siembra de minas antipersonal o atentados contra la población civil, no solo han sorprendido en flagrancia a las Farc, sino que han desnudado todas sus carencias de dinámica política, tan propias del dogmatismo estalinista que las ha caracterizado históricamente.

En contraste con la debilidad política de la guerrilla, cada vez más involucrada en prácticas contrarias al DIH, en asuntos de narcotráfico y en descaradas conductas contra el medio ambiente, el Estado colombiano, de la mano del presidente Santos, ha venido construyendo legitimidad y elaborando esa superioridad moral, tan necesaria como imprescindible, para ganar la paz como forma de terminación de la guerra.

Las leyes de Víctimas y de Tierras son instrumentos legales adoptados por el Estado que dejan sin piso mucho del discurso reivindicativo de las Farc e igualmente lo son la política de derechos humanos instaurada en las FF.MM., que cada vez eleva más el grado de legitimidad de las operaciones militares. Cada guerrillero herido atendido por médicos militares y rescatado por las unidades de combate, es una bofetada a la propaganda subversiva contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Lastimosamente ese buen escenario siempre está afectado por eso que el maestro Otto Morales Benítez llamaba “los enemigos agazapados de la paz” que eran -y siguen siendo- esa camarilla de sujetos, anónimos algunas veces, como la junta directiva del paramilitarismo de que hablaba Castaño; o públicos, como los que disparan desde Twitter, o desde un programa de radio matutino, o desde un gremio de propietarios de cuadrúpedos o desde el generalato retirado. Todos a una, tienen esa extraña fascinación por la guerra que sólo tendría un hombre de empresa por sus negocios.

@Quinternatte