Estado macho

EL  incidente presentado en el corregimiento de El Mango en jurisdicción del municipio de Argelia en el departamento del Cauca, donde la semana que acaba de pasar fue expulsado por los habitantes del lugar un destacamento de la Policía Nacional acantonado en medio de la población, ha puesto de presente la existencia de esos dos países absolutamente diferenciados que  conforman esta Colombia de discriminados y discriminadores.

Desde sus cómodas sillas de las emisoras bogotanas, en su perfecta campana neumática, un director de noticias clama contra el incendio de la “Estación de Policía”y explica que semejante crimen de los manguenses no puede explicarse sino por su militancia en la guerrilla. Al tiempo, una comentarista de sangre militar, encargada de un programa de chistes instiga una enérgica reacción del Estado, a lo mero macho, para "garantizar las libertades públicas". Ellos y los que desde periódicos y emisoras repiten como loros que "no puede haber territorios vedados para la fuerza pública", lo hacen desde sus amplios apartamentos de conjuntos cerrados a la fuerza púbica, pero con vigilancia privada.

Ese tratamiento de los grandes medios, no es un síntoma del conflicto colombiano, sino una de sus más grandes causas. Cuando se expresan juicios de valor desde el prejuicio propio de quien se niega deliberadamente a conocer el tema sobre el que pretende informar, lo que produce es lo contrario. Desinformación.

El incidente en El Mango es perfectamente explicable. Incluso, desde una perspectiva puramente jurídica puede hasta llegar a ser justificable. No es cierto que la ubicación de una estación de Policía o de un puesto del Ejército en medio de una población, sea, per se, un factor de seguridad. Tan no lo es, que la Corte Constitucional asílo ha señalado en varias ocasiones.

La línea jurisprudencial que la Corte ha establecido en varios pronunciamientos, con ponencia de magistrados de todo el espectro ideológico, señala que la población civil no estáobligada a la asunción de cualquier riesgo de manera indiscriminada y que en "zonas de violencia sistemática contra la policía (como en el corregimiento de El Mango), la cercanía a una estación de policía se traduce en un aumento ostensible del riesgo para la población civl". En la sentencia SU 256 de 1999 la Constitucional unificóla línea que venía desde el 95 y que se ha repetido en las T-1206 de 2001 y 165 de 2006.

Los jueces tampoco es que se inventen teorías jurídicas rebuscadas. Simplemente reconocen con mucho sentido común un hecho objetivo que es absolutamente incontrastable. Cuando uno tiene la mala fortuna de vivir en una zona de "violencia sistemática" y le ponen una estación de policía al lado de la casa, no lo están protegiendo, lo están convirtiendo en blanco. Las residencias de los vecinos, no son más que puntos de referencia para los "artilleros" que disparan los tatucos con cilindros de gas.

En semejantes circunstancias, ni el Estado, ni los medios de comunicación bogotanos, ni nadie, puede decirles a los manguenses que tienen que hacerse matar solo por el hecho de ser pobres y no vivir en Lijacá.

@Quinternatte