¿Intocables?

En Colombia algunos sectores han decidido establecer la fea costumbre de autodenominarse perseguidos cada vez que la administración de Justicia debe iniciar algún proceso en su contra. La excusa era patrimonio casi exclusivo de los políticos profesionales que ante cualquier denuncia respondían siempre que eran: “calumnias de la oposición”. Los uribistas, refinaron la excusa y la bautizaron “venganza criminal”, para descalificar cualquier investigación que vincule algún cuadro de su organización.
Los militares, o mejor sus voceros que operan desde la derecha de la derecha, niegan hechos evidentes como los “falsos positivos” y afirman que solo existen como invención de fiscales y jueces que hacen parte de una supuesta “guerra jurídica” contra la Patria y sus Fuerzas Militares. Los políticos de derecha se declaran perseguidos por funcionarios de izquierda y los de la izquierda por los de la derecha. En una misma semana fue muy gracioso ver cómo dos personas tan ideológicamente disímiles como Blanca Durán y Luis Carlos Restrepo coincidían en reclamarles lo mismo a sus respectivos investigadores: mayores garantías.
Pero si hay un sector especialmente sensible a una investigación judicial es el de los periodistas, para quienes cualquier denuncia o investigación es siempre un atentado contra la libertad de prensa. No importa si se trata del fallo de tribunales de países como Ecuador o Venezuela, donde la administración de Justicia es, como algunos intentaron que fuera la nacional, un apéndice del Ejecutivo; o de uno como Colombia, donde los jueces son autónomos e independientes. Cualquier fallo adverso siempre se presenta como una persecución.
Cualquiera podría pensar que los periodistas son intocables por la administración de justicia, o por lo menos que algunos creen que lo son. Tal vez sea por su importancia como pilar de la democracia o porque ese duro oficio es, en la mayoría de las ocasiones, contrapeso a los poderes oficiales o privados para los que siempre resulta incómoda la actividad periodística, que su sensibilidad frente a cualquier control judicial está siempre exacerbada.
Sin embargo, la gran paradoja del periodismo actual es que a su vez se convirtió en un poder, y en muchos casos tan poderoso y con tantas ramificaciones en otros sectores, que no requiere protección sino control. El reciente escándalo del Grupo Murdoch en Inglaterra es clásico ejemplo.
En los países democráticos, con jueces independientes y autónomos, es común, o por lo menos no es raro, que los medios de comunicación sean denunciados por quienes estiman vulnerados sus derechos por cuenta de una información mentirosa o de una opinión injuriosa. En España, por ejemplo, recientemente la cadena radial Cope, una de las más grandes, fue condenada a pagarle al Barcelona F.C. €200.000 por haber acusado al club y a sus jugadores de prácticas de dopaje.
Nadie protestó contra el Barcelona por atreverse a denunciar, ni zahirieron al juez por aceptar la acción y menos aún estimaron en peligro la libertad de prensa. El punto es que los periodistas pueden equivocarse, de buena o de mala fe, y por eso hay que dejar que la Justicia actúe, que aunque los jueces también se equivocan, para eso están los recursos.
@quinternatte